Junta envía al Parlamento observaciones a la IMM

La Junta Departamental de Montevideo resolvió ayer, con el voto del oficialismo, enviar a la Asamblea General tres artículos del presupuesto municipal que fueron observados por el Tribunal de Cuentas por considerarlos inconstitucionales o que violan normas administrativas.

La Asamblea General tiene 40 días para tratar este tema. En ese cuerpo, el Frente Amplio posee la mayoría de los legisladores. Si la Asamblea General no trata el presupuesto dentro de ese plazo, el mismo queda firme. Los tres artículos presupuestales que pasarán a la Asamblea General están vinculados a recursos humanos de la comuna: la recuperación salarial y otros beneficios para los funcionarios reclamado por Adeom; un plan de retiro incentivado para trabajadores presupuestados y la negativa del municipio de pagar los "costos" (gastos) a unos 200 profesionales y administrativos que se encargan de tramitar los juicio o entablar negociaciones contra contribuyentes morosos.

La intendencia sí aceptó las críticas del Tribunal de Cuentas sobre la posibilidad de efectuar contrataciones bajo la modalidad de "cachet artístico" a empleados municipales y de poder modificar dentro del mismo escalafón la carrera de un trabajador.

La administración Ehrlich levantó otras observaciones cualitativas y numéricas con un informe enviado a la Junta Departamental por el jefe comunal, según un documento al que tuvo acceso El País. La decisión del oficialismo de enviar a la Asamblea General las observaciones del Tribunal de Cuentas fue muy criticada por la oposición en la sesión extraordinaria de ayer de la Junta Departamental, que calificó el hecho de "acto ilegal".

MIRA. El miércoles 3, el Tribunal de Cuentas observó por inconstitucional la decisión de la Intendencia de Montevideo de no pagar los "costos" de los juicios ganados contra morosos.

El Tribunal de Cuentas, en su resolución, cuestionó a la administración frenteamplistas por entender que el cobro de los honorarios de los profesionales "está consagrado" por una norma procesal, cuya modificación "no es competencia" de los gobiernos departamentales y sí del Poder Legislativo. Advirtió a la IMM que el Código Tributario regula las ejecuciones por adeudos tributarios, norma que rige también para las ejecuciones dispuestas por la Intendencia de Montevideo. Este código dispone, reza el dictamen del Tribunal de Cuentas, que el juez regulará los honorarios de los profesionales de la oficina de gestión de morosos que hayan actuado en el litigio. Es decir, está consagrado expresamente tal derecho en el Código Tributario.

El presidente del gremio municipal, Eduardo Platero, dijo a El País que, con este tema, la IMM actúa con "arrogancia indebida" y "no respeta" a otro poder del Estado como lo es el Tribunal de Cuentas.

La Intendencia Municipal de Montevideo perdió en segunda instancia un juicio que inició un funcionario al que se le adeuda su salario desde enero de 2004, luego de que se aprobó un decreto que determinaba que ningún funcionario podía ganar más del 90% del sueldo del intendente. El abogado Julio César De Gregorio consideró que el gobierno municipal le adeuda $ 548.000, a lo que se le debe agregar otros $ 300.000 (unos U$S 35 mil).