A pesar de entender que su actuación en el caso Dancotex siempre fue imparcial, la jueza laboral Nanci Corrales se abstuvo de seguir actuando. Ante la recusación presentada por el Pit-Cnt y el Congreso Obrero Textil (COT), ahora será la jueza laboral de tercer turno, Elisa Lizaso, la encargada de resolver si se saca o no la maquinaria y materia prima del predio de la empresa textil, ubicada en la calle Veracierto.
En su resolución, Corrales subrayó que -aunque tuvo la posibilidad de acudir a la fuerza pública para cumplir con la medida- decidió dejarla en suspenso para evitar una situación de violencia.
La jueza argumentó que las partes tienen derecho a recurrir sus resoluciones, cuando no están de acuerdo. Pero aclaró que distinto "es poner en duda la integridad, imparcialidad y honestidad de quien resuelve, cuando no han podido esgrimir en esta demanda un solo hecho que justifique sus dichos, y sí una completa confusión en cuando al trámite debido que han iniciado".
La magistrada aclaró que en 18 años de función es la primera vez que recibe una recusación y que está segura de que no existe causa alguna que fundamente el recurso. No obstante, se abstendrá porque entiende que "será garantía de las partes" la actuación de la otra jueza.
REACCION. La empresa recibió ayer la noticia con asombro y -ni bien llegue el expediente al juzgado laboral de tercer turno- se solicitará "que se siga adelante con la medida", dijo a El País uno de los abogados de la firma, Enrique Crespo.
El propietario de la empresa, Daniel Soloducho, comentó que se logró "lo que buscaba el Pit-Cnt: que no se imparta justicia". Fuentes cercanas a la empresa comentaron que hay pesimismo sobre el futuro del caso y que la recusación fue presentada fuera de fecha.
El sindicato expresó en el escrito presentado días atrás que Corrales "perdió imparcialidad en el proceso" y "cayó en prejuzgamiento" al atribuirle a los dirigentes sindicales la comisión de un delito, en la denuncia que presentó en la sede penal, luego de que no se pudo cumplir la reso-lución de retirar la maquinaria para ser trasladada a la planta de Colonia.
DENUNCIA. La jueza negó que la denuncia haya constituido un prejuzgamiento. Expresó que "no le atribuyó a nadie delito alguno porque no tiene competencia para hacerlo" sino que presentó la denuncia porque está obligada a hacerlo porque así lo dispone el Código Penal. El artículo 177 pena con suspensión en el cargo a los jueces que teniendo conocimiento de la ejecución de un delito no lo denunciaran.
Al respecto de la suspensión de la medida, Corrales aclaró que debió suspenderla "por el impedimento de más de 300 personas que se negaban a la misma, y la posibilidad de que esto configurara un ilícito".
El COT alegó en la recusación que en la audiencia la jueza aceptó que el representante de la empresa se constituyera en vocero de los trabajadores de Dancotex Colonia, aunque estaban los representantes del Pit-Cnt y del COT. Corrales respondió que "no tuvo en ningún momento a nadie" como vocero de los trabajadores de Colonia porque no forman parte del proceso.
"PROBLEMA". Sobre la decisión de permitirle a la firma retirar la maquinaria que "parece ser el centro de todo el problema", la jueza señaló que la empresa ya había obtenido orden de retiro en la sede civil. Aclaró que "la única finalidad de trasladar a este juicio dicha solicitud e incorporarlo al decreto, fue lograr que el dinero que estaba depositado en sede civil pasara a este expediente y estuviera a disposición de los trabajadores".
Sin embargo, la jueza aseguró que los trabajadores que iniciaron el juicio para cobrar "ni siquiera han presentado las liquidaciones o solicitado el pago de los rubros salariales" que la empresa les adeuda.
Corrales enumeró una serie de medidas que tomó en el expediente, en beneficio de los trabajadores. Sobre todo, subrayó que mientras la empresa solicitó que se reclamara la intervención de la fuerza pública para cumplir con la medida, optó por suspenderla "ante la inminencia de una situación de violencia que hubiera puesto en riesgo a los actores y no hubiera llevado a la concreción" de la medida.
Dijo que "se mantuvo cubierto el crédito de los actores", se buscó un acuerdo fuera del proceso, "se obtuvo información registral de la maquinaria y mercadería que ignoraban, y se realizó la medida de modificación de embargo comunicando día y hora, con el consentimiento de las partes".
Historia
El conflicto en Dancotex comenzó el 3 de marzo pasado, cuando la empresa anunció el cierre de la planta de Montevideo
Pit-Cnt y Soloducho se tiran dardos
"El poder de invención del Pit-Cnt es incalculable. Su capacidad de mentir es infinita", afirmó ayer el propietario de Dancotex, Daniel Soloducho, en respuesta a un comunicado público de la mesa representativa del Pit-Cnt, sumamente crítico sobre la forma de actuar del empresario y de las cámaras empleadoras.
Soloducho "siempre se vanaglorió de que en su empresa no iba a haber nunca un sindicato organizado", dice el comunicado de la central obrera. Y agrega que hubo "cinco intentos de los trabajadores por sindicalizarse, que terminaron con el despido de todos los compañeros y el terror se impuso por todos los medios". También sostiene que en el año 2002 Soloducho "echó de un plumazo a más de 100 trabajadores por no aceptar la rebaja salarial que les quería imponer".
Sin embargo, Soloducho dijo a El País que eso es "un invento" y que esos cien trabajadores "decidieron retirarse". "Yo no eché a nadie", se defendió.
En la nota, el Pit-Cnt indica que, cuando el sindicato "al fin" logró organizarse, Soloducho "quiere cerrar la fábrica y dejar en la calle a 320 familias". También ataca a las cámaras empresariales en general: "Jamás levantaron sus voces cuando se violó y se sigue violando el estado de derecho teniendo a ciento de miles de trabajadores en negro, o defraudando, evadiendo impuestos (...) No hicieron un gesto ni se les escuchó un balbuceo de protesta. Ni siquiera se sonrojaron".