Los casos de derechos humanos que actualmente se ventilan en la justicia penal harán que vuelva a comparecer al ex presidente Juan María Bordaberry y probablemente al ex canciller Juan Carlos Blanco.
Según dijeron a El País fuentes judiciales, el juez Pedro Hackenbruch decidió citar a Bordaberry luego de que la Suprema Corte resolviera que es el juez quien debe investigar ese caso, en el que el ex mandatario fue denunciado por violación de la Constitución.
También sería citado por el juez que investiga las muertes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al igual que el ex canciller Blanco, luego de la declaración aportada ayer por Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira.
Ambos coincidieron al declarar ante el juez Roberto Timbal y la fiscal Mirtha Guianze que por la información que poseen los ejecutores fueron argentinos, que el operativo había sido conducido con amparo oficial de las autoridades argentinas del momento, y que había contactos con las autoridades uruguayas. Ferreira afirmó que no sabe quiénes son los responsables, pero que aportó a la justicia los nombres de las fuentes que le dieron información, el ex presidente Raúl Alfonsín. "Yo lo contacté la misma noche del secuestro y él tuvo algunos contactos con las autoridades de la época, como el general Albano Harrindegui, que era ministro del Interior, de donde surgieron datos muy contundentes que sólo podría venir de sus contrapartes uruguayos".
Ferreira agregó que no hay datos nuevos porque todo lo que conocía lo aportó a la comisión investigadora y a la justicia argentina, donde fue a declarar siendo senador, "pero con el paso del tiempo y la información posterior algunos datos que en aquel momento no tenían ilación unos con otros hoy el juez y la fiscal han logrado profundizar en los detalles de esos hechos".
Zumarán coincidió en tener información —y así lo dijo a la justicia— de que la Policía argentina actuaba a iniciativa de un pedido que hizo la dictadura uruguaya contra los tres, incluido Wilson Ferreira.
Consultado sobre cuál fue el pedido de las autoridades nacionales teniendo en cuenta el final, contestó: "No creo que ningún documento diga que eso era lo que ellos pedían, mas bien que eso podría ser una consecuencia per el término que yo recuerdo es que se pidió que estuvieron internados". Agregó que la información que tiene es que esa decisión "se resolvió en un organismo de Seguridad que por sus características parece ser las del Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), no de matarlos pero si de restringir sus actividades en Argentina".