La Fiscalía General de la Nación resolvió ayer sancionar al fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, con cuatro meses de suspensión en sus funciones sin goce de sueldo.
La instrucción determinó sancionar al magistrado en relación con el archivo de 299 casos para su jurisdicción entre el 9 y el 31 de mayo del año pasado, de las que solo diez registran actividad y solo siete se refieren a comunicaciones con las víctimas. Así, se concluyó que el fiscal “incumplió en forma reiterada las tareas inherentes a su cargo”.
La investigación señaló además que el fiscal violó el deber de reserva de difundir antecedentes e información sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada.
También al haber comentado en una entrevista que el traslado de una de sus colegas fue “injustificado”, lo que a juicio de la investigación denota “ligereza y falta de fundamento, con el único afán de desprestigio a la institución y al jerarca del servicio al cuestionar y poner en tela de juicio su actuar”, según el fallo.
El texto señala que Iglesias “violó los principios éticos que comprometen el decoro de su cargo”. A la suspensión deberá descontarse la medida preventiva aplicada sobre Iglesias, que fue de seis meses. En ese período al magistrado -que ya retomó funciones- se le descontó el 50% de sus haberes, por lo que ahora se le descontará un salario, que le será restado en dos veces.
Además, según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, Iglesias solicitó ser trasladado a la fiscalía de Flagrancia de 15° turno, a donde irá desde el 8 de febrero. Allí se desempeñaba la fiscal Silvia Porteiro, que pasó a Delitos Económicos y Complejos.
En julio del año pasado, Iglesias negó que hubiera estado omiso al archivar los 299 casos a cargo de Delitos Sexuales.
Después de declarar durante cuatro horas ante la abogada sumariante de Fiscalia, el abogado de Iglesias, Marcos Pacheco, dijo a El País que su cliente había hecho sus descargos y había ofrecido pruebas que respaldaban su accionar.
El profesional consideró que la separación del cargo al fiscal Iglesias fue una medida “excesiva” adoptada por el fiscal de Corte, Juan Gómez, puesto que su representado en ningún momento puede obstaculizar la investigación sumarial.
“No ameritaba la separación del cargo. Se podía haber llevado adelante el sumario trasladando a Iglesias a otra Fiscalía”, insistió Pacheco.
El abogado presentó entonces un recurso de revocación contra la decisión del fiscal Gómez, por haber resuelto el sumario con una retención del 50% de los haberes.
Pacheco también presentó un recurso jerárquico. Si el recurso de revocación era desestimado en la Fiscalía, entonces el expediente se elevaría al Poder Ejecutivo.
“Han habido casos graves en la Fiscalía y nunca se sancionó a un fiscal con la suspensión del cargo y la retención de haberes. Apelamos al fiscal interino Juan Gómez a que reconsidere la medida y que Iglesias vuelva a su cargo en otra fiscalía. Solo se ha puesto el foco en él; se está politizando un tema que no puede ser político. Eso no queremos”, agregó Pacheco cuando recién se abría la investigación sobre la actuación de Iglesias.
Además, recordó que, en sus declaraciones, Iglesias siempre resguardó la identidad de las víctimas. “Nunca se refirió a un caso concreto”, insistió Pacheco. Y aseguró que su cliente había determinado el archivo de las 299 causas porque “no tenía pruebas” para continuar investigando.
El pasado 29 de mayo, en una entrevista con El País, Iglesias dijo que cuando asumió en la Fiscalía de Delitos Sexuales encontró la sede “desbordada”. “Un fiscal no puede atender 900 causas al mismo tiempo. Era algo imposible para el equipo y para cualquier fiscal”, sostuvo Iglesias. Y explicó cómo procedió: “Dijimos: vamos a hacer una depuración y una priorización. Siempre salvaguardando que las personas, víctimas o denunciantes que no estén de acuerdo con el archivo de sus causas, puedan ir al Poder Judicial y solicitar reexamen”.