JUSTICIA

Valdez demanda a Julio Ríos por US$ 700.000

Reclama el pago de salarios de AUF y FIFA y lucro cesante.

Wilmar Valdez, expresidente de la AUF. Foto: Darwin Borrelli
Wilmar Valdez. El expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, consideró que la grabación y la divulgación de sus conversaciones fue un delito. Foto: Darwin Borrelli

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El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, exigió ante la Justicia Civil al periodista deportivo Julio Ríos una indemnización de US$ 700.000 por daños y perjuicios por el episodio de los audios que terminaron en su renuncia al frente del organismo.

Valdez también reclamó una reparación de US$ 1.000.000 al intermediario Walter Alcántara, quien lo grabó con su celular mientras negociaban contratos entre la AUF y una empresa y luego divulgó sus contenidos.

El jueves 13, en el Juzgado Civil de 3° Turno, se realizó la audiencia de Conciliación entre Valdez y Ríos, confirmó a El País el abogado del expresidente de la AUF, Mario Moll Pardo.

El profesional señaló que Valdez reclama a Ríos una compensación por daño moral por violación a la intimidad por US$ 50.000; daño moral por violación a la imagen, US$ 250.000; daño emergente (salarios de AUF del cargo al que renunció); lucro cesante (del eventual cargo de presidente reelecto y de su cargo en la FIFA y baja en los ingresos de escribano por deterioro de imagen), US$ 400.000.

Valdez entendió que Julio Ríos y Alcántara complotaron para obligarlo a dimitir como titular de la AUF y a no presentarse a la reelección, lo cual le causó daños económicos y personales.

Con respecto de Alcántara, el escrito de Moll expresa que el resultado doloso de estas “inconductas” y el “hecho ilícito” de las grabaciones de estas conversaciones con Alcántara y su posterior divulgación, acto reconocido públicamente por Ríos, tuvo “nefastas consecuencias” para la imagen de Valdez.

Y agrega que las mismas provocan “un daño a la privacidad” de aquel que habilita a “solicitar reparación”.

Sostiene que debe, asimismo, tenerse en cuenta el daño a la imagen provocado por dichas “inconductas”, el cual se ve “acentuado” por el carácter de figura pública de Valdez y por la profesión del mismo de escribano público. Las grabaciones de Alcántara y su posterior divulgación fue analizada en 2018 por la fiscal penal Silvia Pérez. La Fiscalía archivó el caso por entender que Alcántara no había incurrido en ilícito.

Pérez también eximió de responsabilidad a los dirigentes Arturo del Campo (Danubio) y José Luis Palma (Liverpool) y a Ríos. Es decir, no hizo lugar a la denuncia de Valdez.

El 11 de octubre de 2018, el abogado de Valdez, Pablo Galain, presentó un escrito en la Fiscalía de Flagrancia de 3° Turno, donde señalaba que ese grupo de personas incurrió en un delito de violencia privada. “Hubo una coacción a Valdez en una reunión realizada en la casa de Julio Ríos el mediodía del 26 de julio de este año. En el encuentro también participó Del Campo”, dice el documento al que accedió El País.

La ampliación de la denuncia sostiene que, además de Alcántara que grabó los audios, hay otros actores -Del Campo y Ríos- que han coparticipado intencionalmente en la ejecución de la maniobra que tenía como objetivo el alejamiento de Valdez de la AUF.

La denuncia sostiene que el panorama ha quedado más claro con el correr de las semanas y no hay razón para que se excluya de la investigación a los dos mencionados, sin olvidar a Palma, cuya actuación si bien aparece más en segundo plano, de todas maneras requiere un esfuerzo adicional para esclarecerla por parte de la Fiscalía.

La estrategia para alejar a Valdez del cargo tenía como elemento central que si los audios se divulgaban generarían la abdicación del expresidente de la AUF de su candidatura sin un beneficiario cierto en la competencia, dice la denuncia.

En cambio, agrega Galain, el ejercicio programado de la amenaza implícita de divulgación de los audios, transcurrido en el ámbito reservado de la conversación en el domicilio de Ríos y con la participación del beneficiario directo, que era Del Campo, permitía asegurar que en el transcurso de la reunión se operara una auténtica sucesión de candidaturas: de Valdez a Del Campo.

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