JUSTICIA

Tribunal de Apelaciones aumentó pena a Guillermo Freijido: pasó de tres a cinco años

La defensa del músico y exdocente anunció que presentará recurso de casación y entiende que este fallo no revoca la prisión domiciliaria en la que está actualmente el acusado.

Guillermo Freijido. Foto: archivo El País
Guillermo Freijido. Foto: archivo El País

El músico y exintegrante del programa de Canal 12 “MasterClass” Guillermo Freijido fue condenado este viernes a cinco años de prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor, según la resolución del Tribunal de Apelaciones que trató su caso tras la presentación de su defensa.

Esto fue confirmado a El País por su abogado defensor, Juan Fagúndez, quien confirmó además que junto a la doctora María José Torres Collazo presentarán recurso de casación.

Fagúndez entiende que, pese a que se extiende la pena impuesta a Freijido, no se revoca la prisión domiciliaria que viene cumpliendo el músico.

El músico fue acusado penalmente el 21 de setiembre de 2018. La denuncia la presentó una expareja de Freijido por un abuso al hijastro del músico, que tenía 11 años cuando ocurrieron los hechos.

La condena de primera instancia fue del juez penal Fernando Islas y tras ese fallo, que dictó tres años de prisión, la defensa presentó el recurso de apelación que tuvo resultado este viernes y “confirma la sentencia definitiva de primera instancia”, pero agrega: “salvo en cuanto a la individualización de la pena, en cuyo aspecto se revoca, fijándose en cinco años de penitenciaría”.

El fallo del Tribunal, al que accedió El País, señala que lo presentado por la defensa “no hacen naufragar lo resuelto en lo atinente a su responsabilidad por los hechos perpetrados” y que “sustancialmente la Sala comparte la relación de hechos relacionados en la Sentencia de Primera Instancia, ya que se ajustan a las probanzas reunidas”.

“Se entiende probado plenamente, a la luz de las reglas de la sana crítica que Guillermo Freijido Paolillo, en distintas oportunidades y como consecuencia de diferentes resoluciones criminales”, ejecutó respecto de las víctimas “actos de naturaleza sexual, diversos a la conjunción carnal, mediante violencias y amenazas que se presumen por la edad de las víctimas y la relación de poder (profesor-alumno en un caso y cónyuge de la madre en el otro) que tenía respecto a las mismas”.

En el proceso de apelación la defensa de Freijido cuestionó la admisión de las declaraciones de las víctimas, que fueron recibidas a través de la modalidad de Cámara Gesell, donde las partes no preguntan directamente sino que lo hacen a través de un funcionario especializado del Poder Judicial.

El tribunal entiende que esto “no es de recibo, ya que se trata de un tema de valoración de la prueba y no de cuestionar la forma como se desarrolló, pues las diligencias se llevaron a cabo con estricto ajuste a las normas legales, sin que en la oportunidad se formularan oposiciones”. “Resulta indudable la importancia de la prueba pericial en todo proceso, en particular en el penal”.

“En el caso, la Fiscalía logró demostrar su punto de vista, con la certeza requerida para el dictado de una sentencia de condena, esto es la plena prueba. Debe tenerse en cuenta que como sucede en la mayoría de los casos la conducta se desplegó sin la presencia de testigos”, agrega el fallo.

“En consecuencia, se estima que los agravios de la Defensa no son de recibo, pues carecen de eficacia enervante de la plena prueba reunida, la que habilita el pronunciamiento de la sentencia condenatoria. Las declaraciones de las víctimas son categóricas, precisas y unívocas. No son vagas o genéricas, sino que descienden a detalles, ubicando los acontecimientos en tiempo y espacio. Tales manifestaciones se encuentran refrendadas por las declaraciones de los familiares a quienes primigeniamente develaron los padecimientos”, señala.

Asimismo, el tribunal indica que “cabe agregar la existencia de un denominador común en ambos casos, una forma de proceder análoga, el valerse de la situación de poder que tenía el acusado frente a los niños”.

“No es posible pretender una prueba directa respecto de la producción de ilícitos de naturaleza sexual, esto implicaría una suerte de impunidad y la absoluta desprotección del bien jurídico tutelado por la norma penal vulnerada, afectándose así las garantías de los derechos individuales”, dijo.

“Atendiendo a la entidad de los hechos ejecutados, la calificación delictual, las circunstancias alteratorias relevadas, la personalidad y peligrosidad del agente en la ejecución de los ilícitos atribuidos, se estima que corresponde fijar el reproche penal en cinco años de penitenciaría”, agrega el Tribunal.

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