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Suprema Corte analiza la actuación de la Justicia en las denuncias previas al femicidio de Valentina Cancela

Hay registro de dos denuncias previas al ataque, Por ese motivo, se dispuso a "intimar a los menores a un buen relacionamiento" y a los padres "a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad".

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Juzgado de San Carlos rodeado de gente condenando el femicidio de Valentina Cancela
Juzgado de San Carlos rodeado de gente condenando el femicidio de Valentina Cancela.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País

Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) analiza la actuación del Juzgado que siguió las denuncias por violencia de género en el caso de Valentina Cancela, previas al femicidio de la adolescente de 17 años. La SCJ solicitó un informe de actuación a la jueza de San Carlos y este fue entregado este martes, según informó Telenoche y confirmó a El País el vocero de la institución, Raúl Oxandabarat.

Los informes de actuación pasaron a estudio de los ministros y si bien no tienen plazo de resolución, desde la SCJ prevén que el proceso no demore dada la importancia del tema.

Por medio del análisis de estos informes, la SCJ resolverá "si corresponde o no llamar a responsabilidad a las juezas actuantes", explicó Oxandabarat.

La primera denuncia fue efectuada por el ahora imputado de femicidio, según los registros de la SCJ. En febrero, la pareja declaró ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género y dijeron haber tenido una "pequeña pelea" en la que Valentina agredió al joven. Entonces, la Jueza letrada especializada en Violencia de Género Rossana Martínez dispuso mediante mandato verbal "notificar a los padres a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad".

En junio tuvo lugar la segunda denuncia, por agresiones físicas y verbales y fue hecha por la madre de Valentina, Liliana Sarmoria, quien solicitó medidas cautelares contra el joven. Entonces, la jueza subrogante de 2° Turno del Juzgado Especializado en Violencia Basada en Género de San Carlos, Dina Mustafa Salim, dispuso “intimar a los menores a un buen relacionamiento” mediante resolución judicial, así como también “intimar a todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.

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