PENAL DE LIBERTAD

Recluso simuló ser un fiscal y dio órdenes a seccionales de Montevideo y del interior

El preso fue procesado en 2017 por una millonaria estafa al Fonasa. Se reportaron entre seis y 10 llamadas y en ningún caso se acataron sus pedidos.

Preso, con antecedentes por estafas, buscó burlar los sistemas de la Policía. Foto: Fernando Ponzetto
Preso, con antecedentes por estafas, buscó burlar los sistemas de la Policía. Foto: Fernando Ponzetto

Un recluso procesado en 2017 por una millonaria estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al Banco de Previsión Social (BPS) fingió ser un fiscal y ordenó actuaciones a seccionales policiales de Montevideo y en el interior.

El encarcelado hizo su primera llamada a la central telefónica de la Policía a fines de la semana pasada. Se identificó como el fiscal XX y pidió para hablar con una seccional dentro de la jurisdicción de la Zona III (Sayago, Casavalle y barrios aledaños).

Durante la comunicación, el preso dio el nombre completo del fiscal, su cargo y turno. Y agregó que quería hablar con el segundo a cargo o con un oficial de la comisaría. Luego dio directivas a los policías relacionadas con citaciones o detenciones de personas.

En los días sucesivos, el preso llamó a comisarías de varios departamentos siguiendo el mismo modus operandi. En todos los casos dijo nombres de fiscales.

No obstante, la Policía no llevó a cabo ninguna actuación ordenada por el fiscal “trucho”, según dijeron las fuentes. Y agregaron que antes de cumplir con las supuestas directivas, los encargados de las seccionales descubrieron las irregularidades, ya fuera porque trabajaban con otro fiscal o porque decidieron no actuar al no tener un respaldo documental en el sistema informático.

Tres fuentes de la investigación confirmaron a El País las llamadas del recluso alojado en el Penal de Libertad a unidades policiales. Sin embargo, las fuentes no coincidieron sobre la cantidad de llamadas que hizo. Se estima que habría realizado entre seis y 10 contactos telefónicos desde la cárcel con seccionales. No se ha detectado un motivo claro, más que demostrar su capacidad y poder.

En un principio, las denuncias de la Policía sobre la actuación del recluso fueron derivadas hacia los fiscales en función de sus jurisdicciones territoriales. Luego la investigación fue concentrada por la fiscal de Flagrancia de Montevideo, Graciela Peraza.

Una de las primeras medidas adoptadas por la fiscal fue solicitar a la Policía una requisa en la celda del recluso.

Peraza también pidió otras acciones a los investigadores de la Zona III, las cuales se mantuvieron bajo total reserva.

Los celulares.

El exministro del Interior, Eduardo Bonomi, acompañado por autoridades carcelarias, dijo en el Parlamento en 2012 que todo el Penal de Libertad tendría un inhibidor de teléfonos celulares.

Seis años después, un decreto del gobierno de Tabaré Vázquez ordenó a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones retirar la cobertura móvil a cinco cárceles, entre ellas el Penal de Libertad.

En diciembre de 2019, el uso de los inhibidores de celulares en los establecimientos penitenciarios del país generó un debate público.

Una investigación del entonces fiscal de Homicidios y hoy fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, determinó que el asesinato del hincha de Nacional, Lucas Langhain, había sido provocado por un audio enviado por un exbarrabrava de Peñarol alojado en el Penal de Libertad.

Recluso tenía varios celulares

A pedido de la fiscal de Flagrancia de Montevideo Graciela Peraza, efectivos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) requisaron la celda del recluso que realizó las llamadas a seccionales y encontraron varios celulares, dijeron a El País fuentes de la investigación. La Policía pretende ahora saber cómo ese preso pudo acceder a tantos aparatos.

Interceptar llamadas no fue útil.

Desde la administración anterior está prohibido que los presos tengan celulares. No obstante, en el sistema penitenciario hay técnicos que sostienen que es bueno que los internos mantengan contactos con sus familiares.

En el gobierno anterior había policías con perfiles de investigadores que también señalaban que los presos debían poseer celulares. Argumentaban que así se podía interceptar las llamadas de aquellos internos que integraban organizaciones delictivas y posteriormente desarticularlas.

Hoy en la Policía hay una mirada restrictiva sobre el uso de celular en cárceles. Jerarcas policiales advirtieron que no se realizó ningún procedimiento basado en interceptaciones de llamadas a presos y sostuvieron que los internos no debían tener ninguna comunicación por celular con el exterior. Señalaron, además, que los líderes de las bandas dan órdenes por teléfono a sus “soldados” que están en libertad. Por eso, concluyeron, el Ministerio del Interior deberá instalar bloqueadores de celulares en todas las cárceles del país.

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