“SON ABSOLUTAMENTE NECESARIAS”

La Fiscalíatiene desde hace años este problema: que en cada instancia presupuestal que ha enfrentado como servicio descentralizado -condición que la ley le otorgó en 2015-, los dos gobiernos que han pasado desde entonces han decidido privarla de incremento de recursos.

Pero ahora que se acerca una nueva Rendición de Cuentas, en el Ministerio Público que hoy conduce Juan Gómez hay expectativas de cambiar esa inclinación histórica, sobre todo en un contexto en que surge una demanda particular en un tipo de delitos: aquellos relacionados a la violencia de género y las agresiones sexuales.

Por eso Gómez ya tiene claro que en el mensaje presupuestal del organismo se pedirá, entre muchas otras cosas, el añorado aumento de recursos para instalar al menos tres fiscalías especializadas en este tema en el interior del país, y en tres puntos específicos: San Carlos (Maldonado), Rivera y Salto. “Son absolutamente necesarias”, dijo el titular del Ministerio Público en diálogo con El País.

En el primer lugar se instaló desde el 22 de febrero los dos primeros juzgados dedicados exclusivamente a la violencia de género en Uruguay -tal como lo dictaba la ley de integral sobre este tema-, y en los otros dos el Poder Judicial espera también abrir sus sedes pronto, tal como se acordó con el sistema político el año pasado, al dotar de presupuesto a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de forma tal de permitir que se cumpliera con lo dispuesto por la normativa.

En ese entonces, uno de los actores que más se comprometió con ese reclamo fue la vicepresidenta Beatriz Argimón -quien incluso lideró varias instancias de diálogo tanto con la SCJ como con el Ejecutivo- y ahora se proyecta en un rol similar, pues comparte de plano la demanda de la Fiscalía: “Corresponde apoyar, porque es importante que a los juzgados los acompañen fiscales también especializados, que no haya que sacarlos de otros lugares y se desvista un santo para atender otro”, dijo Argimón, que valoró justamente la instancia de la Rendición de Cuentas que el Parlamento deberá discutir en las próximas semanas como una oportunidad que viene “bien” como para “llevar adelante” la aspiración del fiscal de Corte.

El fundamento de la Fiscalía se sostiene en números. En el caso de San Carlos -y que Gómez prevé que lo mismo ocurra en Rivera y Salto, cuando se abran las oficinas- ya se registró un abrupto crecimiento de las denuncias, que hoy por hoy son atendidas por la fiscalía de flagrancia, sin especialización en esta materia, y que además debe resolver todo el espectro de delitos que también se denuncian en el departamento.

¿En cuánto fue el crecimiento? Gómez cita las cifras exactas: desde el 22 de febrero hasta el viernes pasado, en San Carlos se registraron más de 630 casos, “lo que fácilmente lleva a que en el año vayan a haber más de 2.000 denuncias, por fuera de todo el trabajo que suele tener la fiscalía, que ya tiene un cúmulo notorio de expedientes”. Una situación que “habla a las claras de la necesidad de crear una fiscalía que atienda esta carga adicional” y otras para la que se genere en los otros dos sitios del interior. “Estos número demuestran que hacían falta los juzgados de género”, reflexionó asimismo Argimón.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay, Willian Rosa, comparte este diagnóstico de la Fiscalía, y agrega la necesidad de reforzar las oficinas que actualmente tienen un turno único, lo que significa que los funcionarios tienen que trabajar los siete días a la semana, sin descanso. Esta es otra de las coincidencias que tiene con Gómez, pero para lo cual hace falta, como con casi todo, un incremento presupuestal.

De hecho, para el propio Gómez esta es otra necesidad “urgente y única” que incluso planteó a los tres diputados de Colonia -Mario Colman (Partido Nacional), Nicolás Viera (Frente Amplio) y Nibia Reisch (Partido Colorado)-, ya que en ese departamento puntual se da este problema de manera especial.

Colman, el representante nacionalista, sostuvo que comprende la dificultad planteada por el fiscal de Corte, pero que la solución debería pasar más por enviar fiscales adjuntos como refuerzo que en la apertura de nuevas oficinas, sencillamente por el factor medular de todo este asunto: los recursos, que no sobran. “Si se pudiera tener más turnos sería ideal para un mejor acceso a la justicia de calidad, pero crear un turno significa una demanda presupuestal muy grande, porque implica más edificios y al menos 12 funcionarios”, opinó el diputado coloniense.