Redacción El País
La Justicia decretó el concurso necesario de República Ganadera un día después de haber terminado con el concurso voluntario, por entender que los representantes de la empresa no habían cumplido con los requisitos mínimos del proceso.

Según el decreto judicial, la Justicia concursal decretó que la síndica será la abogada Zamira Ayul, "que administrará y dispondrá de los bienes". De esta forma se suspende la legitimación de los responsables de la empresa "para disponer y obligar a la masa del concurso".

Ayul ya era la interventora que dispuso la Justicia para el concurso voluntario, pero en ese rol coadministraba la empresa. Con esta nueva resolución, como síndica adquirió plenos poderes de administración y se desplazó a los directores de la empresa, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio.

A su vez, se convocó a una junta de acreedores para el 30 de setiembre, dentro de seis meses, para cuando se espera tener un panorama más claro de la situación. Allí la abogada deberá presentar un documento sobre el pasivo y el activo de la empresa y los acreedores tendrán que resolver si alcanzan un acuerdo para seguir adelante con la empresa o plantean un escenario de liquidación.

Horas antes, el Juzgado Letrado de Concurso de Segundo Turno decidió archivar el concurso voluntario, que tiene como una de sus principales características la permanencia de las autoridades de la empresa al mando.

Los abogados de los inversores damnificados buscaban el concurso necesario, que implica el desplazamiento de las autoridades y la disposición de un síndico que toma las principales decisiones, un esquema como el que atraviesa actualmente Conexión Ganadera.

Entre los argumentos que incluyó el juzgado en su decisión de archivar el concurso anterior se indicó que "no se ha cumplido, en la gestión voluntaria iniciada, con los requisitos legalmente previstos" y no se señaló "el lugar de ubicación de los bienes con un criterio de razonabilidad".

Además, se consideró "la ausencia de confiabilidad de la documentación contable presentada".

Esto porque, durante el concurso voluntario, los representantes de la empresa debían presentar estados contables y demás documentación que, según la Justicia, no se hicieron como se debía.

Foto: Fernando Ponzetto.

El abogado Juan Pablo Decia, defensor legal de algunos de los inversores damnificados, contó este martes a El País que el concurso voluntario fue solicitado por la empresa en diciembre del año pasado y "desde el primer momento hubo omisiones en la presentación de cuestiones formales que son básicas y de orden" si se persigue la intención de "reorganizar la empresa".

A su entender, los responsables de la firma tuvieron "una finalidad dilatoria" para "evitar que los desplacen de los órganos de dirección de la empresa e ir tomando medidas que los ubiquen mejor a ellos".

Otro de los abogados, Santiago Alonso, declaró a El País que "la conducta de República Ganadera era previsible" y que "pretendieron hacer creer su buena fe respecto a un eventual acuerdo con los acreedores y lo dilataron durante meses, pese a los apercibimientos del juzgado".

En paralelo, en el marco penal, días atrás el juez de Crimen Organizado Fernando Islas dispuso el cierre de fronteras para los directores de República Ganadera, Jasidakis y Mussio. La medida regirá hasta el 22 de agosto de 2025.

La imposición se hizo a pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez. El cierre de fronteras implica que Jasidakis y Mussio no pueden salir del país y deben entregar sus documentos de viaje.

A fines del año pasado, República Ganadera reconoció una deuda de US$ 85 millones.