PRONTUARIO

Miles de uruguayos tienen antecedentes penales y no lo saben

Miles de uruguayos cuentan con antecedentes penales sin saberlo, según se desprende de un estudio realizado por la Universidad de Montevideo.

Expedientes judiciales. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)
Informes sobre personas podrían generar reclamos en la Justicia por daño al honor. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

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Si a usted lo denuncian por robar un paquete de galletitas y es procesado, ese antecedente se incluirá en su legajo en Policía Científica. Pero si las cámaras de seguridad muestran que usted no estuvo en el lugar, será absuelto por la Justicia. Es posible también que se extinga dicho delito o la acción penal.

No obstante, en Policía Científica figurará su nombre y la siguiente leyenda: procesamiento o formalización por hurto. Lo mismo pasa por si lo formalizan o lo procesan por cualquier otro delito.

Ello implica, según la ley, “que es inocente y no puede tener antecedentes. Sin embargo, hay miles de uruguayos que caminan por las calles pensando que no tienen antecedentes. Y por error o falta de comunicación entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, Policía Científica sigue registrando la formalización o el procesamiento que no son antecedentes”, dijo a El País el docente de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, Gonzalo Ayré Frugone.

El catedrático de Derecho Penal, Pedro Montano y Ayré Frugone elaboraron un informe titulado “Trabajo de Investigación sobre el Certificado de Antecedentes Judiciales, en aporte al sistema de Justicia y a la sociedad”. El documento, fechado el sábado 25, advierte que un antecedente judicial implica necesariamente una sentencia firme de condena dictada por un juez.

El procesamiento o la formalización del proceso penal son anotaciones y no antecedentes penales. Las anotaciones señalan que hay un proceso penal en contra de una persona y da cuenta de la sujeción jurídica y eventualmente física de la misma debiendo prevalecer el principio de inocencia.

Procedimiento de registro.

Cómo se registra en la práctica el mal denominado antecedente judicial:

1) Cuando un juez penal decreta el procesamiento de una persona -antes de la implementación del Código de Proceso Penal el 1 de noviembre de 2017- o la formalización de la investigación, comunica su decisión a la Jefatura de Policía que corresponda.

2) Cada Jefatura realiza el prontuario del imputado. Y devuelve al juzgado remitente el trámite con el prontuario realizado y su numeración. Al ingresarlo al sistema de gestión policial, se entera Policía Científica directamente, o se lo comunica la propia Jefatura.

3) El juzgado, a su vez, envía por oficio al Instituto Técnico Forense (ITF-Poder Judicial), la comunicación del prontuario con los datos del procesado o formalizado.

4) Esa comunicación tiene como finalidad la anotación de esa situación jurídica, decretada por la autoridad judicial, en su registro llevado al ITF.

5) Cuando termina un proceso penal, es decir, cuando una persona es condenada, sobreseída u obtiene la extinción del delito o de la acción penal, cada juzgado comunica esa situación solo al Instituto Técnico Forense, advierte el informe de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo.

Es decir, el ITF actualiza la planilla de antecedentes judiciales y “no realiza ninguna comunicación” del Poder Judicial a la Policía Científica que, paradójicamente, es quien lleva adelante el certificado de antecedentes judiciales, agrega el informe.

Según el documento, cada defensor tiene la carga de solicitar a cada juzgado que oficie a la Policía Científica para que comunique como terminó el proceso. “También se ha observado en el trabajo de investigación que los datos proporcionados por la Justicia no se registran correctamente (en Policía Científica) desconociendo el mandato legal”, dice el informe.

Y concluye que la información contenida en el certificado de antecedentes judiciales, en la mayoría de las situaciones “no tiene valor legal” que permita realizar una correcta ponderación sobre la aptitud moral de la persona que corresponda y puede causar “un serio agravio” a su imagen u honor.

Según Ayré Frugone, esta situación llevó a que muchas personas se vieran rechazadas para participar en puestos de trabajo en el Estado y agregó ello puede generar juicios reparatorios por daños.

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