CASO ODEBRECHT 

Maya Cikurel quedará en libertad hasta que se defina el pedido de extradición de Panamá

La jueza resolvió quitar la prisión domiciliaria de la pareja del ministro de Educación y Cultura ya que “no estaba justificado”, aunque sí se seguirá reteniendo los documentos de viaje.

Fiscal del caso, Lackner. Foto: Leo Mainé
Fiscal del caso, Ricardo Lackner. Foto: Leo Mainé

Este martes realizó una audiencia en el Juzgado de Crimen Organizado por la extradición de Maya Cikurel solicitada por Panamá. Tras la audiencia, el fiscal Ricardo Lackner habló con la prensa e informó  que Cikurel -pareja del ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira- ya no tendrá prisión domiciliaria, según lo dispuso la jueza María Helena Mainard, “porque en este momento no está justificado”, pero sí se seguirá con la retención de los documentos de viaje y con la presentación periódica en la fiscalía.

El fiscal explicó que la defensa planteó que no se cumplen los requisitos para la extradición. Y que “la fiscalía, en cambio, entiende que los requisitos están cumplidos", esto se debe a que "hay también una forma particular de interpretar las disposiciones de las convenciones internacionales, que se aplican en base al principio de buena fe (…) la regla es brindar la cooperación y la excepción es negarla. Entonces todas las restricciones e interpretaciones tienen que ser acotadas en base a ese principio".

Habrá otra audiencia el 8 de junio. La audiencia de casación, dijo el fiscal, “sería la instancia definitiva". Pero aclaró que este proceso puede llevar bastante tiempo. “Ya lo saben por otras extradiciones de público conocimiento”, haciendo referencia a la extradición del narcotraficante Gerardo González Valencia que llevó cuatro años y se concretó días atrás.  

El 19 de febrero Cikurel, junto al ministro da Silveira, realizaban los trámites en Migraciones de Colonia para viajar a Buenos Aires, pero Cikurel quedó detenida por una alerta roja de Interpol. Dicha orden fue emitida a principios de 2019; Panamá la acusa de un supuesto delito de lavado de activos y la vincula con cinco sociedades anónimas utilizadas por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas.

El 20 de febrero la jueza Mainard hizo lugar al pedido del fiscal Lackner y se le dictó prisión domicliaria por 60 días; esta medida fue revocada en el día de hoy y estará en libertad a la espera de la próxima audiencia.

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