Redacción El País
La jueza penal María Helena Mainard aceptó el pedido del fiscal Luis Pacheco y resolvió el archivo de las actuaciones vinculadas a presuntas irregularidades en torno al fallido proceso que se siguió durante la Administración de José Mujica para la construcción de una planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago.

Así lo informó el periodista Eduardo Preve y confirmó El País en base al acceso a la resolución judicial. A juicio del magistrado, no existen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales a los indagados en la causa. "No se advierten conductas dolosas intencionalmente dirigidas a perjudicar al Estado, por lo que corresponde descartar la atribución de responsabilidades penales", se dice.

Entre otros, fueron indagados por este caso el exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic, la expresidenta de Gas Sayago SA, Marta Jara, y el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.

Mainard coincidió con Pacheco ademas en que, en el caso de aquellos que no revestían la calidad de funcionarios públicos -tratándose Gas Sayago SA en una sociedad que giraba en torno al Derecho Privado- no les eran aplicables en ese momento las normas penales previstas en delitos cometidos contra la Administración Pública.

El fiscal sostuvo por otra parte que tampoco se pudieron confirmar las denuncias de una supuesta intervención de funcionarios del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva en la época ante autoridades uruguayas para que la empresa brasileña OAS fuese subcontratada para la realización de la obra.

Por otra parte, la Justicia desestimó un pedido de los representantes de Ancap -que se presentó como codenunciante- de hacer lugar a la recepción de nuevas pruebas testimoniales.

La denuncia había sido presentada en 2013 por el abogado Gustavo Salle respecto a hechos con apariencia delictiva relacionados con supuestas presiones a las autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para el otorgamiento de permisos para la construcción de la obra. La causa fue archivada y luego desarchivada tras sucesivas ampliaciones del denunciante, que incluyó otras supuestas nuevas irregularidades.

El tema fue objeto, durante la pasada legislatura, de la formación de una comisión investigadora promovida por el Partido Nacional en la Cámara de Diputados.