La puja entre una familia adinerada turca incluye una denuncia penal por abuso sexual y siete juicios civiles. Seis reclamos fueron realizados por el padre de la víctima a su propio padre y a su hermano por partes de una lancha y de panteones. Mientras que el abuelo y el tío de la víctima exigen una indemnización por unos US$ 1,5 millones. Los hoy enfrentados integraban una floreciente empresa que intermediaba en compras y ventas de compañías. Uno de los negocios realizados por esa empresa fue la venta de un hipermercado por una cifra superior a los US$ 100 millones, según trascendió en ámbitos judiciales.
El País consignó ayer que, en una audiencia realizada el 24 de junio pasado para discutir el reexamen del archivo del caso de abuso sexual cometido contra la joven, los abogados de los dos denunciados llamaron “coimeros” a sus contrapartes, hubo insultos, invitaciones a pelear y la magistrada actuante debió intervenir en varias ocasiones para poner orden en la sesión. Al finalizar la audiencia, la Policía ingresó y sacó al padre de la víctima que estaba enardecido.
El archivo del caso fue decretado a mediados de julio pasado por las fiscales de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione y su adjunta, María José Brisco, porque entendieran que, tras dos años de investigación, no había elementos suficientes como para pedir la formalización del abuelo y el tío de la víctima.
En la virulenta audiencia, la jueza Blanca Rieiro hizo lugar al reexamen del caso. El expediente pasará a la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro. Luego Rieiro señaló: “Hay algunos profesionales que están perdiendo el decoro. Este caso es lamentable; una aberración. Se manejó acá denuncias y dinero. Aquí no se ha actuado con lealtad profesional y probidad”.
Durante la audiencia, la abogada de los denunciados, Laura Robatto, manifestó que sus defendidos habrían sido objeto de al menos siete juicios por parte del padre de la víctima, dando a entender que detrás de la denuncia de abuso sexual había un móvil económico y mencionó la existencia de presiones por parte del abogado denunciante, Diego Camaño, a las fiscales Ghione y Brisco.
El también abogado del padre de la víctima, Bernardo Porrás, socio del Estudio Hughes & Hughes, señaló: “Ignoramos qué se pretendió sugerir por los asesores de los denunciados (abuelo y tío de la víctima). Pero si lo que se quiso decir es que la denuncia penal que efectuaron los padres de la víctima fue para favorecer reclamos económicos, ello no es correcto. Los juicios en los que se patrocina al padre de la víctima de abuso sexual -no a la madre- no tienen la posibilidad de generarle provecho económico alguno”.
Porras explicó que esos juicios apuntan a dividir bienes que tenían en común su cliente -el padre de la víctima con algunos de los denunciados -el abuelo y el tío de la damnificada- y que “es insostenible” que puedan mantener en común atento a la “delicada situación” en que se encuentran. Porras agregó que los juicios son por “cosas de escaso valor” para una familia con muchos recursos económicos: se trata de una lancha usada, unos nichos y un palco en un estadio de fútbol. “Además, estos procedimientos en general se resuelven con un remate y siempre se pierde dinero, nunca se gana”, explicó.
Porras afirmó: “Por otra parte, en el único juicio en el cual se reclama una suma de dinero muy significativa en dólares -aproximadamente US$ 1.500.000-, los reclamantes son precisamente los denunciados por abuso sexual y nuestro cliente, el padre de la víctima, es demandado, por lo que lo dicho por los abogados de los denunciados claramente no se corresponde con la realidad”.
El abogado dijo que no tiene vinculación con el juicio penal. “Pero tampoco tenemos que tolerar cualquier cosa”, señaló.
El abogado de la víctima, Diego Camaño, quien sí participó de la audiencia penal, dijo que no habló de “coimas” ni de “plata”. Y agregó que el padre de la víctima, con la denuncia, “perdió dinero porque tenía muchos negocios con sus familiares hoy investigados”.
Un caso de abuso con diversas aristas
Las fiscales de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione y María José Brisco, están convencidas de que la joven fue víctima de abuso sexual en el pasado. Sin embargo, en el Juzgado Penal, ambas fiscales advirtieron que no cuentan con pruebas suficientes como para pedir la formalización del abuelo y el tío de la víctima.
Además del caso de abuso, la chica mantuvo una relación con otro pariente más de 30 años mayor. “Ante la duda razonable, se archivó el caso”, dijo Brisco.