La jueza Marcela Vargas hizo lugar al pedido del fiscal Alejandro Machado de extender por 30 días más la prisión preventiva para Jairo Larrarte, titular del Grupo Larrarte, quien está imputado por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo, dijeron fuentes judiciales a El País. Este caso es uno de los tres en los que fondos ganaderos que se utilizaban para inversión terminaron con denuncias penales.
La Fiscalía explicó en audiencia que, para trabajar el caso, se utilizó una herramienta que nunca se había puesto en práctica en el país: la "Alerta Plateada" de Interpol. Sirve para detectar cuestiones vinculadas con el lavado de activos, búsqueda de testaferros y para reconstruir la trazabilidad de dinero en el exterior.
En ese sentido, pidieron la prórroga de la medida cautelar por 30 días puesto que entienden que en ese plazo pueden llegar a culminar la investigación y presentar la demanda acusatoria.
En la audiencia de imputación llevada adelante meses atrás los fiscales adscriptos de Delitos Económicos y Complejos, Franco López y Leonardo Rosas, detallaron que lo que hizo el imputado fue una “estratagema”, una “estafa piramidal” y financió con dinero de los inversores sus propios lujos y también otros emprendimientos vinculados al rubro. “Simuló minuciosamente una realidad falsa de negocio exitoso, presentándola de esta forma a las víctimas, ocultando su verdadera finalidad de lucro”, dijo López.
Se firmaron 211 contratos, las pérdidas son de US$ 12 millones y, aunque Larrarte debió tener más de 16 mil cabezas de ganado bajo su dominio —según los contratos firmados por los inversores— en realidad tenía 3.551, según un informe realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
El imputado, a sus 20 años y sin ningún tipo de formación específica, comenzó un emprendimiento que tenía como objetivo ser un nexo entre las inmobiliarias y los desarrolladores. Una vez que consiguió capital, decidió diversificarse y luego dedicarse exclusivamente a la actividad agropecuaria para la que creó “una especie de fondos de inversión”, en palabras de López, pese a que no tenía esa naturaleza jurídica.
El público objetivo eran pequeños ahorristas —se pedía como mínimo US$ 15 mil de inversión— puesto que prometían “alta rentabilidad y bajo riesgo”. Prometían un retorno de entre 10% y 11,3%. “Se negaba que fuera necesario contar con mayores conocimientos sobre el producto agropecuario, afirmándose que no existía riesgo alguno de perder lo invertido”, afirmaron.