RECLUSO LIDERA BANDA

La sola mención del nombre de “Ricardito” mete miedo en Cerro Norte. Medio hermano de Luis “el Betito” Alberto Suárez Correa, “Ricardito” creó su propia banda y extendió su poder a barrios aledaños a base de balas y amenazas de muerte, según indicaron a El País fuentes policiales.

En 2017, el “Ricardito” y su pareja fueron procesados por posesión y comercialización de estupefacientes. Ya tenía en su haber otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Según la Policía, la banda del “Ricardito” obligaba a los vecinos a abrir “bocas de drogas” en sus casas. Los que se negaban eran amenazados de matarles a un hijo o la pareja.

En agosto de 2019, el “Ricardito” se fugó al no regresar al Penal de Libertad de una salida transitoria. Fue recapturado un mes más tarde.

Ayer, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, ordenó a los investigadores de la Zona IV (Cerro, La Teja y barrios aledaños) que llevaran al recluso para indagarlo sobre su eventual vinculación con las ocupaciones realizadas por 700 familias en un predio privado de Santa Catalina en enero de este año.

“El Ricardito” está detenido en este momento en el penal de Santiago Vázquez.

Indagatorias policiales señalaron que miembros de su banda ofrecieron $ 5.000 a familias para que armaran su “rancho” en el predio de Santa Catalina. Ese dinero es suficiente para que una familia humilde, que no tiene casa, compre una carga de costaneros (cortezas) de pinos en un aserradero y unas chapas y obtener así un lugar donde vivir.

Esa podría ser una de las razones del exponencial crecimiento del asentamiento ubicado junto a Santa Catalina. En la primera semana de enero los ocupantes eran 500. A principios de marzo, ya eran 650 las familias instaladas en el lugar. Unas 3.000 personas.

El fiscal Pérez dijo a El País que en la investigación que lidera junto con los investigadores de la Zona IV, se está tratando de establecer un vínculo del “Ricardito” con la ocupación de Santa Catalina.

“El lugar ocupado es estratégico y ofrece condiciones ideales para las actividades ilícitas que se investigan”, dijo Pérez.

Hasta el momento, el fiscal logró el inicio del proceso penal para 18 ocupantes, cinco por asociación para delinquir y usurpaciones de tierras y 13 por usurpaciones, hurtos y penetración de fundo ajeno.

Otras fuentes del caso indicaron a El País que la organización criminal pretendía crear un asentamiento en Santa Catalina con el objetivo de tener mayor fuerza y un lugar donde esconderse de la Policía y de bandas rivales.