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Investigan a bancos por no denunciar lavado

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Malvín Norte. Las redes sociales mostraron a la Ferrari por las calles de ese barrio; pertenecía al empresario Mehmet Aydin.

Lavado de activos

Escribanos indagados; no reportan ventas de Ferrari y yate.

En diciembre de 2017, una Ferrari blanca, modelo Spider, paseaba por las calles de Malvín Norte. Una foto mostraba el vehículo de alta gama estacionado y rodeado de marginales, algunos de ellos sin camisas. La foto enseguida se viralizó.

El Banco Central del Uruguay (BCU) inició una investigación y detectó transferencias bancarias sospechosas desde Turquía y otro país europeo hacia Uruguay.

El dinero era enviado por un integrante de una organización que realizó una estafa de US$ 128 millones a 80.00 personas mediante la creación de un juego virtual de inversiones. La organización ofrecía elevados intereses y así logró captar los ahorros de miles de personas.

El fiscal Enrique Rodríguez ya alcanzó acuerdos con un ciudadano turco O.N. —detenido durante 120 días que aguarda en libertad la extradición a su país— y un empresario de Maldonado que adquirió la Ferrari y el yate.

El 17 de mayo de este año, cuando se analizaba el pedido de extradición del ciudadano turco, el gobierno de Turquía, representado por el abogado penalista Jorge Rodríguez Pereira, señaló que el acusado reside en Uruguay desde 2011 y que en seis años dejó de ser empleado y pasó a dirigir una empresa importadora de varillas de hierro. "De las vigilancias electrónicas resultaría que O.N. entró en contacto con el Sr. P.V. con quien ha tenido conversaciones para realizar cambios de cheques y la posible venta de un vehículo Ferrari, el cual fue finalmente incautado", señala Mainard en el fallo.

El líder de la organización turca, Mehmet Aydn, estuvo en Uruguay. Compró bienes y luego huyó. La Fiscalía pidió el decomiso de esos inmuebles, pero éstos no pueden pasar a dominio del Estado uruguayo hasta que no se cumplan los seis meses.

Hoy Rodríguez solicitará la formalización de la investigación a la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard.

Según fuentes del caso, el fiscal Rodríguez investiga a los bancos por no reportar las transferencias de dinero y a los escribanos por no denunciar presuntos lavados en la compra de bienes de alta gama pese a estar obligados a ello por ley. como una casa en la marina Santa Lucía (su valor de mercado es de US$ 1.800.000); un yate amarrado en Punta del Este (US$ 1.500.000) y la Ferrari Spider (US$ 550.000), entre otros.

La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos analiza información de los diferentes negocios efectuados por los turcos en Uruguay, la que fue generada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Unidad de Información y Análisis Financiera del BCU, DGI, BPS y la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

Las investigaciones ubicaron la identidad de un sujeto que envió los giros a Uruguay. Esa persona no cuenta con un pedido de extradición del gobierno turco, según las fuentes.

Dinero sucio.

A principios de este año, el Banco Central envió un informe al fiscal Rodríguez donde señalaba que las entidades bancarias que tramitaron los giros no habían reportado actividades sospechosas.

Alrededor de US$ 8 millones ingresaron a Uruguay a través del sistema financiero.

Con parte del dinero (US$ 5 millones), un ciudadano turco adquirió bienes como la Ferrari de color blanco, un yate, una casa en la Marina Santa Lucía y un enorme terreno a orillas de la Laguna del Sauce.

También fueron comprados otros 11 autos y seis camiones. Uno de los obstáculos que enfrenta la investigación es que muchos de los bienes de la banda se encuentran a nombre de testaferros.

"Turquía reclama los bienes iEl abogado que representa a Turquía ante la Justicia uruguaya, Jorge Rodríguez Pereira, dijo que ese país nunca dejó de cumplir con los requerimientos del Juzgado Especializado en Crimen Organizado y agregó que el ciudadano O. N. quedó libre porque el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) establece que una persona no puede estar más de 120 días presa a la espera de una extradición. "En ningún momento se dictaminó la libertad del ciudadano turco porque Turquía no agregó documentación" en la sede penal, reiteró Rodríguez Pereira.ncautados"

No hay un tratado bilateral de extradición entre Turquía y Uruguay. Por lo tanto, para ello rigen los tratados internacionales que habilitan la extradición. Éstos también tienen previsiones sobre la recuperación de los bienes incautados por el país requeriente (Uruguay).

Rodríguez Pereira dijo que ese país reclamará la totalidad de los bienes incautados por la Fiscalía. "Turquía entiende que la totalidad de los bienes decomisados son productos de las maniobras ilícitas cometidas en territorio turco", explicó el penalista.

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