Sentencia

Navieras cobraron a Ancap transporte de combustible a usinas.

En la lectura de la sentencia realizada días atrás, los abogados de UTE y de Ancap coincidieron en que se trataba de un juicio inédito: un ente estatal demandando a otro organismo público.

En 2012, Ancap pagó facturas a navieras que importaron combustible a pedido de UTE. Estas compañías de transporte tuvieron demoras en descargar el producto por el clima, lo cual generó un sobrecosto para Ancap, expresa la demanda presentada en el Juzgado Civil de 12° Turno el 23 de marzo de 2018.

Según el expediente judicial, al que tuvo acceso El País, un informe de la Gerencia Económica Financiera señala que la deuda al 16 de setiembre de 2015 ascendía a US$ 2.202.080.

Y agrega que las facturas objeto del reclamo fueron presentadas por Ancap a UTE en 2014.

Otro informe enviado a la presidenta de Ancap, Marta Jara, señala que las "facturas impagas" corresponden a "demoras" que Ancap debió pagar a las empresas navieras que trajeron combustible importado para UTE. Las gerencias de Comercio Exterior y de Planificación y Control de Ancap concluyeron que dichas demoras "son a cargo" de UTE y que el pago "fue requerido" a jerarcas de la empresa energética en "reiteradas oportunidades". Ambas gerencias pidieron autorización al Directorio de Ancap para iniciar las gestiones con UTE para cobrar la deuda.

Primero se reunieron las gerencias generales de Ancap y de UTE para lograr un acuerdo. Luego hubo encuentros entre los presidentes de ambos organismos estatales, Jara y Gonzalo Casaravilla, junto con las gerencias. Como los encuentros no llegaron a buen término, Jara autorizó a los Servicios Jurídicos de Ancap a que iniciaran acciones judiciales.

En uno de los escritos, UTE consideró que había caducado la deuda con Ancap y sostuvo que el ente debió exigir la suma pretendida desde el momento en que recibió las facturas de las navieras (2012). Es decir, alegó que ya habían pasado más de cuatro años establecidos por la norma para reclamar una deuda.

Ancap replicó señalando que no existió caducidad porque el ente no emitió ningún acto administrativo sobre el tema. La jueza Inés Peralta Gadea le dio la razón a UTE porque la deuda reclamaba tenía más de cuatro años. Ancap apeló y recusó a la jueza por considerar que "desconoce" las normas.