Imputan al exsubdirector de Policía, Jorge Berriel, por tres delitos de revelación de secretos

Por Eduardo Barreneche
La supuesta orden a la Policía del ministro Jorge Larrañaga, hoy fallecido, sobre que “hay que darle todo lo que precisa” al entonces custodio presidencial, Alejandro Astesiano, jamás existió. No obstante, esa supuesta orden fue utilizada como argumento por jerarcas policiales para explicar sus favores a Astesiano en interrogatorios realizados por la fiscal Gabriela Fossati y las fiscales adscriptas, Gloria Nicolini y Giuliana Realini.

En una audiencia efectuada ayer, Fossati solicitó al juez suplente Matías Porciúncula la formalización de la investigación al exsubdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, por tres delitos de revelación de secretos.

En uno de sus argumentos de la solicitud, la fiscal mencionó un acta firmada por el exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quien negó que Larrañaga diera una orden a la Policía de que se brindara toda la información solicitada por Astesiano.

En el acta, Calabria reconoció que existió esa reunión en el Ministerio del Interior apenas asumieron las nuevas autoridades y agregó que el objetivo del encuentro fue protocolar y para conocerse. Señaló, además, que el concepto utilizado por Larrañaga fue que los nuevos jerarcas policiales y Astesiano se pusieran en contacto ante cualquier eventualidad.

Durante la audiencia, Fossati explicó al magistrado que el caso comenzó con la investigación sobre documentos de ciudadanías uruguayas apócrifos entregados a rusos y ucranianos y agregó que así se llegó a Astesiano y a su vinculación con jerarcas policiales.

En un allanamiento realizado en las oficinas de Astesiano en la Torre Ejecutiva, la fiscal y los funcionarios policiales encontraron copias de informes provenientes del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) que son reservados según lo establece el Código de Proceso Penal (CPP), el Reglamento del Servicio de Seguridad Presidencial y la Ley Orgánica Policial.

A juicio de Fossati, Astesiano tuvo acceso a partes policiales referidos a una denuncia sobre un supuesto abuso a una menor de edad en una fiesta de jóvenes blancos. En ese documento se encontraba el nombre de la víctima y de su madre.

Fossati resaltó que una ley protege a las víctimas de delitos sexuales y agregó que solo el titular de una fiscalía especializada en Delitos Sexuales tiene acceso a la información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública sobre esos casos.

En la audiencia, Fossati dijo al juez que se incautó el celular de Astesiano por orden judicial. La pericia al aparato, agregó la fiscal, permitió a la Fiscalía acceder a las conversaciones de Astesiano con autoridades públicas, empresarios y funcionarios públicos, entre ellos jerarcas policiales. Según la fiscal, a través de conversaciones se constató que Berriel transmitía a Astesiano información y documentos de varios hechos que interesaban en Presidencia de la República.

Según la fiscal, Astesiano le pedía favores a Berriel y luego este solicitaba que el excustodio presidencial se los devolviera. Un caso que está en investigación de la Fiscalía es el traslado de un policía que es familiar de un funcionario de Presidencia de la República a la comisaría de Cuchilla Alta.

En la audiencia, Fossati dijo al juez Porciúncula que ese hecho está en etapa de análisis para constatar si se trata de un delito o no la facilitación de ese traslado.

En concreto, señaló la fiscal, se corroboraron “tres situaciones” donde Berriel envió a Astesiano informes contenidos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Ellos son, dijo, un eventual abuso a una menor en una fiesta de jóvenes del Partido Nacional; un asalto donde participó un policía que integraba el plantel de la custodia presidencial y una rapiña de una moto al hijo de Astesiano que había sido denunciada como robada.

En otro tramo de la audiencia, la fiscal señaló que Berriel argumentó que es un funcionario privado, pero este “debe ser” entendido como funcionario público al haber ser nombrado como subdirector ejecutivo de la Policía Nacional el 1° de marzo de 2020.

Los abogados defensores de Berriel, Juan Fagúndez y Daniel Piedra, no contradijeron el relato de la fiscal. “Berriel no se opondrá a la formalización”, dijo Fagúndez, quien además preside la Asociación de Penalistas del Uruguay.

El juez decretó la formalización de Berriel por los delitos imputados por la Fiscalía y dispuso tres medidas para el entonces jerarca policial: retención de su pasaporte, prohibición de salir del país y fijar domicilio. Las medidas regirán hasta el 10 de agosto de este año (180 días).

Por estos supuestos delitos, Berriel no irá a prisión porque la pena de estos es la inhabilitación y multa. No obstante, al conocerse el pedido de formalización, el ministro Luis Alberto Heber lo destituyó.

Al finalizar la audiencia, la fiscal Fossati fue interrogada sobre la propuesta realizada a Astesiano por parte de Marcelo Franquez un ahora exfuncionario de la custodia presidencial, en la que le ofrecía datos para intervenir los teléfonos de estudiantes y docentes del liceo 41 de Montevideo. En lo que se ha recabado “no hay hechos de apariencia delictiva”, dijo Fossati.

Al referirse en rueda de prensa al seguimiento realizado por Astesiano al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, cuando tuvo un accidente de tránsito en febrero de 2022, la fiscal indicó que “Presidencia tiene un centro del sistema de videovigilancia y fue allí que fue detectado el hecho”, y que “se pudo comprobar que a partir del suceso concreto se emitió alguna información y se observaron” esas cámaras.

“Pero si eso es o no ilícito, no tengo evidencia hasta ahora”, expreso Fossati.

En la coalición de gobierno ya no se sorprenden con las revelaciones que en forma periódica se van conociendo, desde hace ya varios meses, sobre la causa que investiga los delitos cometidos por el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Y, al mismo tiempo, en el oficialismo hay quienes empezaron a preocuparse por el efecto de distracción que, a su criterio, tiene el hecho de que la agenda continúe marcando novedades sobre este caso.

En primer lugar, los dirigentes no se sorprenden porque se parte de la base de que ya están más que sabidas las atribuciones que se tomaba Astesiano como jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou para solicitar favores a los jerarcas policiales. Lo último conocido -su declaración del 12 de diciembre pasado ante la fiscal Gabriela Fossati, en la que aseguró que el presidente le había dado “alas” para hacer los trámites” que hoy investiga el Ministerio Público- fue interpretado por legisladores del oficialismo como “más de lo mismo”, por lo que se entiende que no hay una progresión en la “gravedad” de una situación que ya fue asumida por todo el espectro de la coalición, empezando por el propio presidente de la República.

Pero además se asume que todas las declaraciones que hizo y siga haciendo Astesiano en Fiscalía y se conozcan públicamente no tienen por qué ser asumidas como algo necesariamente cierto, cuando se está en plena investigación. Es lo que, de hecho, afirmó esta semana el propio primer mandatario, quien se preguntó: “¿Todo lo que sale en los chats es la verdad revelada? ¿Vamos a juzgar antes de que esté juzgado?”.

En diálogo con El País, el senador nacionalista y líder del sector Por La Patria, Jorge Gandini, observó además que todo lo que a esta altura de la indagatoria declare el indagado está teñido por “la estrategia judicial” que está siguiendo la defensa de Astesiano.

“Eso lo ilustra el hecho de que lo que dijo ahora no lo había declarado desde un principio. Su abogado está tratando de encontrar las culpas por fuera de la conducta de su cliente para que no le tipifiquen nuevos delitos”, opinó el legislador, para quien -como para muchos otros- “a Astesiano no se le puede creer nada”.

De otro lado, para actores del oficialismo como el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que el gobierno pierda el tiempo tratando de explicar y responder preguntas sobre el tema es contraproducente en el entendido de que “el país tiene otros temas más importantes para tratar, como los temas en la Justicia, el endeudamiento o la vivienda”. “Tenemos que salir del caso Astesiano, que nos está anestesiando. Debemos terminar con esto”, reclamó el senador del partido de Guido Manini Ríos. Y concluyó: “Que el señor era un delincuente ya lo sabemos. Y el presidente cometió un error al designarlo, pero ya está, es un tema que se ha convertido de conventillo casi”.

En el Frente Amplio, mientras tanto, hay respuestas ante todo lo acontecido con esta causa, más aún cuando surgen elementos que contravienen la tesis del Poder Ejecutivo de que el excustodio no tenía un papel preponderante en los asuntos de gobierno.

Por ejemplo, ante la reciente declaración de que el imputado se sentía “un jefe político”, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera opinó que esto comprobaba “que Astesiano no era un «perejil»”, sino eso mismo que declaró semanas atrás, “que actuaba dentro de las potestades que le otorgaron sus superiores”. “¿Hasta cuándo seguirán tapando el sol con un dedo? ¿Hasta cuándo seguirán subestimando a la gente”, se preguntó el legislador en su cuenta de Twitter.

Lo mismo opinó el también senador del MPP Daniel Caggiani, al compartir en la misma red social la noticia al respecto que brindó El País ayer viernes. “El mismo gobierno que ‘no sabía nada’ y se había sentido ‘traicionado’ por Astesiano -escribió-, ahora parece que le ‘daba alas’ para hacer lo que hacía. Hay una de las dos versiones que no puede ser verdad...”.

El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, volvió a ser duro con el gobierno en las últimas horas. En declaraciones a Telemundo (Canal 12), señaló que todo lo conocido hasta ahora constituyen “hechos graves que por más que el presidente no quiera hablar más de ellos tienen un calado tan profundo en la sociedad que es imposible obviarlos”.

El titular del FA dijo además que todo lo ocurrido en torno al caso de Astesiano son “cosas que en el Uruguay” se creía que “no pasaban más”. “Nosotros creíamos que nuestros celulares no estaban intervenidos; nosotros creíamos que no estábamos siendo seguidos y, sin embargo, producto de estos diálogos entre Astesiano y otras jerarquías, o entre Astesiano y empresas, se fueron verificando que estas cosas estaban sucediendo en el Uruguay”, aseguró.

Pereira se refirió luego a las últimas declaraciones de Lacalle Pou, que había señalado que el FA apuntaba contra todo lo que se movía. Retomando la misma expresión que usó el primer mandatario, respondió: “Acá no hay palos porque bogas o si no bogas, palos”, y aclaró que no existen “problemas personales” sino “problemas políticos”.