Un trabajador de la Intendencia de Canelones fue condenado por abusar sexualmente de una compañera de trabajo durante una fiesta organizada por la comuna. Su defensa había presentado un recurso de casación, luego de que el Tribunal estableciera su pena en 8 años de penitenciaría, pero la Suprema Corte de Justicia lo desestimó.

La situación de abuso sexual ocurrió en una fiesta organizada por la comuna canaria en la Criolla de los Cerrillos, en diciembre de 2021. El ahora condenado, de 25 años, fue con un grupo de personas, entre las que se encontraba la que luego sería la víctima, de 27. Ambos eran empleados municipales.

Durante la madrugada, cerca de las 03:00, la mujer salió del local donde estaba desarrollándose la fiesta, y fue abordada por el joven, que la llevó a unos 50 metros de allí, la arrojó al suelo, le bajó la ropa y la penetró vaginalmente, según surge de la sentencia a la que accedió El País. En los cuerpos de ambos quedó rastro de la situación, según continúa el documento.

Tras haber sido abusada por su compañero, la víctima volvió con sus amigos llorando y muy nerviosa, aunque prefirió no contar nada de lo sucedido.

Según su relato, que fue tomado como válido por la Justicia, existió un segundo intento por parte del hombre para llevarla al mismo lugar, pero se dio un forcejeo y no lo consiguió.

Finalizada la fiesta, trece personas planeaban volver en el mismo vehículo, contratado para la salida. En ese momento, la mujer decidió contar lo ocurrido a dos compañeros, que comenzaron una discusión con el agresor y no le permitieron subir al ómnibus.

"La joven presenta todos los signos y huellas de ser una persona abusada sexualmente como detallan las distintas pericias; los peritos y testigos", expresaron los ministros de la Corte en la sentencia.

Luego de que las partes expusieran sus argumentos frente a un juez de primera instancia, este declaró culpable al señalado por abuso sexual, y lo condenó a cumplir con seis años de penitenciaría.

Las partes apelaron, y en el Tribunal nuevamente volvieron a ganar los demandantes. No solo que confirmó la condena, sino que la aumentó en dos años, eliminando la atenuante de la "embriaguez voluntaria plena" del acusado, que había sido computada por el primer juez.

Ante una nueva resolución en su contra, la defensa del condenado presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la prueba había sido mal valorada en las instancias anteriores, pero el máximo órgano del Poder Judicial lo desestimó y mantuvo lo definido por el Tribunal.

Es que, según argumentaron en la sentencia, para que sea aprobado el recurso "debe denunciar un error o vicio en el razonamiento probatorio de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente; y la alegación del absurdo o arbitrariedad debe ser demostrada".

La mayoría de los ministros entendieron que en este caso la defensa del condenado no cumplió con la primera condición.

Uno de los puntos en el que la defensa hizo énfasis para revocar la condena, fue plantear que se trató de una "relación sexual consentida". También destacó que "la víctima no manifiesta angustia desgarradora o estrés postraumático”.

Con respecto a lo primero, los ministros de la Corte respondieron que las pruebas presentadas son "por demás concluyentes" sobre un episodio de abuso sexual. Por último, aseguraron que la ausencia de "angustia desgarradora o estrés postraumático" no es sinónimo de que los hechos no hayan ocurrido como relató.