Fiscalía de Lavado de Activos investiga robo millonario a Intendencia de Flores

El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, asumió la investigación del robo de más de $ 7 millones a las arcas de la Intendencia de Flores.

Se trata de una causa judicial abierta en junio del año pasado, tras una denuncia penal presentada por la comuna, que primero estuvo en manos de la fiscal departamental Alicia Abreu y, luego, de la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero. Al instalarse la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos el 1° de febrero, la investigación recayó sobre Rodríguez, siendo esta una de las primeras que asume la sede, creada a partir de la última Rendición de Cuentas.

Según supo El País, la Justicia accedió en los últimos días a prorrogar la prisión domiciliaria impuesta como medida cautelar al exfuncionario municipal señalado por la maniobra, mientras la Fiscalía investiga.

En paralelo, la Intendencia de Flores inició un juicio civil contra el extrabajador para recuperar la suma defraudada. El director departamental de Jurídica, Daniel Iribarren, informó a El País que el 25 de abril se llevará adelante la segunda audiencia.

El caso es seguido de cerca por el intendente Fernando Echeverría y también por la oposición. Si bien ambos coinciden en que no hubo más empleados municipales implicados, el Frente Amplio reclama que el gobierno departamental -a cargo del Partido Nacional- asuma mayor responsabilidad política. Hasta ahora solo el imputado ha sido cesado. Según el edil frenteamplista Javier González, que preside la Comisión de Hacienda en la Junta Departamental, la comuna “no tomó la decisión política” de apartar del cargo al jerarca que supervisaba al exfuncionario.

La sustracción de dinero empezó en octubre de 2021 y se extendió hasta mayo del año pasado, de acuerdo a documentos judiciales, respuestas a pedidos de informe y versiones taquigráficas que analizó El País para reconstruir el caso.

El entonces funcionario municipal, que tiene 27 años y aseguró que estaba siendo extorsionado, adulteraba la documentación al hacer la liquidación de haberes.

Este sistema se nutre de tres tipos de documentos: un archivo Excel para el área de contabilidad, un archivo TXT que se remite al banco que debita el dinero y un PDF que se imprime y se adjunta a la orden de pago.

El imputado “inflaba” sus ingresos en el material enviado al Banco República, pero mantenía las cifras correctas en los otros documentos, según explicaron las autoridades departamentales a los ediles de Flores. Algunas veces también fraguó el PDF para no levantar sospechas, aunque siempre con montos inferiores a los que cobraba.

Así llegó a recibir una transferencia electrónica de $ 3.103.583 tan solo en un mes, cuando su sueldo líquido era de $ 16.417.

Lo que lo delató fue un “cabo suelto” que dejó en los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), según la Intendencia de Flores. Al cobrar montos tan elevados, se generó una retención de IRPF “muy alta” que encendió las alarmas.

La comuna primero pensó que era un error de cálculo pero, cuando la situación se reiteró, solicitó asistencia a la empresa informática que maneja el sistema desde Montevideo.

A partir de este intercambio -y después de haber contactado al Banco República- la administración de Echeverría detectó la maniobra, abrió un sumario con separación del cargo y recurrió a la Justicia.

Por su parte, el imputado reconoció su actuación, pero aseguró que fue víctima de extorsión.

Según declaró a la Policía, años atrás conoció a través de Facebook a quien lo amenazaba. En 2017, este hombre comenzó a pedirle dinero asegurándole que, si no pagaba, revelaría detalles de su vida privada a la familia.

Esta vez optó por entregarle sus ahorros personales, pero luego puso un freno. “Radiqué una denuncia y él dejó de molestarme”, aseguró ante las autoridades policiales. La denuncia la realizó el 22 de enero de 2016, después de haber hablado con su familia, según constató El País.

Sin embargo, en 2019, el presunto extorsionador volvió a amenazarlo, pidiéndole más dinero. Las amenazas se dieron por WhatsApp, Instagram, Telegram y también en persona, según su relato.

“Me amenazó con que le haría algo a mis hermanos chicos, no accedí y solicité ayuda a mi familia”, dijo el imputado. “La situación comenzó a agravarse cuando en 2021, ya sobre el mes de agosto, me solicitó que le entregara $ 200.000. A esa suma me resultaba imposible acceder, motivo por el cual realicé el 11 de agosto una nueva denuncia por el presunto delito de extorsión”, narró el joven. Ante la inacción de la Justicia y la “total impotencia” que sintió, sostuvo, comenzó a transferirse dinero de la Intendencia.

El presunto extorsionador continuó con las amenazas hasta que se descubrió la maniobra. El exfuncionario municipal aportó audios y puso su celular a disposición de la Fiscalía para que investigue este ángulo del caso.