El fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, presentó la acusación contra el exdirector de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya, por tres delitos de abuso de funciones. Según confirmó el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, Pérez pidió una condena de 22 meses de prisión para Cendoya y una multa de 2.500 UR ($ 3.965.100 al valor de hoy).

A juicio del fiscal, Nicolás Cendoya incurrió en supuestos ilícitos por la destrucción de documentos de la Ursec por parte de un funcionario allegado a él, por la filtración de una denuncia penal elaborada por el penalista Jorge Barrera, y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmitas, Soriano y a Bemba FM de Salto.

En tanto, para la secretaria de Cendoya, María Luján Varela, el pedido es de imputación por dos delitos de abuso innominado de funciones, la condena a 18 meses de prisión, una multa de $3.172.000 y dos años de inhabilitación especial, según informó El Observador y confirmó El País. Además, para el exsecretario de Cendoya, Oscar Mecol, el fiscal Pérez pidió una condena a 14 meses de prisión y una multa de $2.379.000.

Con la acusación de la Fiscalía se cierra la “caja de Pandora” anunciada por la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, cuando denunció a Cendoya en el año 2020.

El 8 de junio de 2021 estaba prevista la audiencia de formalización contra Cendoyaen el Juzgado Especializado en Crimen Organizado.

En esa instancia, el fiscal Pérez también iba a pedir a la Justicia el procesamiento por abuso de funciones del expresidente de la Ursec Gabriel Lombide, del exsecretario del organismo Óscar Mecol y de la secretaria de Cendoya.

Pero dicha audiencia no se realizó porque una de las defensas solicitó una prórroga a la Justicia.

Poco después, Martín Sbrocca y Martín Fernández, abogados de Cendoya, presentaron un recurso de nulidad por competencia ante un Tribunal de Apelaciones argumentando que no le correspondía actuar en la causa al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, ya que este interviene en asuntos que implican un perjuicio al erario público por más de US$ 20.000.

El 8 de marzo de 2022, el juez Fernando Islas dispuso la imputación por tres delitos de abuso de funciones para Cendoya. La solicitud de imputación presentada por el fiscal Pérez tiene 32 páginas.

Fernández y Sbrocca, abogados de Cendoya, presentaron una apelación a la sentencia dictada por el juez Islas. En su escrito señalaron que los actos que Cendoya realizó, durante su gestión en la Ursec, son “conductas propias” de la actuación del exjerarca y de la gestión administrativa de un organismo.

Es decir, la defensa de Cendoya esgrimió que el juez Islas, al hacer lugar al pedido del fiscal, amplió “las fronteras” del derecho penal hasta “límites insondables”.

El fallo del Tribunal de Apelaciones, redactado por el ministro Pedro Salazar, rechazó el planteo de la defensa del exjerarca de la Ursec señalando que “no se desprende de manera patente y notoria” una falta de tipificidad por parte de la imputación realizada por el fiscal Pérez.

En este sentido, el tribunal ratificó el fallo de Islas al señalar que las actuaciones de Cendoya tienen que ver con delitos penales y no acciones administrativas.

También advirtió que las evidencias con las que cuenta la Fiscalía son muchas y “alcanzan” para solicitar la formalización de Cendoya.

A fines de marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió destituir como funcionario del Poder Judicial a Gustavo Sorrentino.

Desde que Sorrentino pasó a formar parte de los indagados por este caso, la SCJ inició una investigación administrativa que derivó luego en este sumario que llegó a su término ahora.

Y con el resultado de este proceso administrativo, los cinco ministros de la corporación firmaron la resolución que determinó la destitución del funcionario, que se desempeñaba como administrativo II del Departamento de Asistencia Social -aunque hasta marzo de 2020 estaba trabajando en la Ursec como pase en comisión.