La fiscal de Atlántida, Tania Vidal, detectó una nueva modalidad de apropiación indebida de inmuebles en la zona costera canaria: las falsificaciones de poderes de personas fallecidas.

El caso comenzó con la muerte, en 2011, de una anciana que vivía en una casa del balneario Marindia (Canelones). Doce años más tarde, en 2023, le notificaron a las herederas -sobrinas de la fallecida- el desalojo.

La sucesión de la anciana no se había abierto. Las herederas contrataron a un abogado. Y, a través de él, se enteraron que su tía, antes de morir, había dado un poder a un hombre, de nacionalidad argentina, para “vender” la casa. La promesa de compraventa de esa vivienda se inscribió en ese mismo 2023.

El caso fue denunciado en la Fiscalía. Vidal investigó y logró la imputación del hombre y de la escribana que avaló los papeles por falsificación de documentos y estafa. Durante la investigación, la fiscal constató que el argentino que supuestamente rubricó la promesa de compraventa con la anciana, no estaba en el país el día en que ella supuestamente había firmado la documentación.

La fiscal cree que ambos delincuentes realizaron maniobras similares en el mismo balneario.

Foto: Ricardo Figueredo

En 2003, policías de la Ciudad de la Costa detectaron a una organización que operaba vendiendo terrenos mediante derechos posesorios apócrifos en Cuchilla Alta, Balneario Argentino y Jaureguiberry.

La banda contaba con cómplices en la Intendencia de Canelones, que pasaban información de lotes que estaban situados en la primera línea de la costa o a poca distancia de la rambla, con elevadas deudas de contribución inmobiliaria.

Dos escribanos avalaban los supuestos derechos posesorios y los terrenos eran vendidos por el dueño de una barraca. Así, se enajenaron decenas de terrenos por cifras irrisorias.

Los investigadores policiales de la Ciudad de la Costa lograron la condena del barraquero y de los dos escribanos, pero nunca identificaron a los funcionarios municipales sobornados.

Desde ese entonces las usurpaciones de terrenos se expandieron como una plaga por toda la costa de Canelones.

Decenas de personas se instalaron a partir de 2004 en Neptunia Norte, cerca del peaje, y en las márgenes del arroyo Tropa Vieja. El fenómeno se extendió a Marindia Norte, Parque del Plata Norte, San Luis y cruzó el arroyo Solís. Hubo casos de prescripciones treintenarias falsas de terrenos valiosos en La Juanita (Punta del Este) y en otras zonas de Maldonado.

En Rocha, individuos se apropiaron de balnearios enteros. El fenómeno fue de tal entidad que, por años, la Justicia civil rochense casi paralizó los expedientes que reclamaban prescripciones treintenarias.

Al mismo tiempo, la Justicia penal procesó a varios escribanos que se prestaban para las falsificaciones de documentos que justificaran las posesiones de los ocupantes.

Por su parte, las intendencias reaccionaron ante la avalancha de ocupaciones de terrenos y posteriores ventas. Ya no aceptaron que los ocupantes firmaran convenios para pagar la contribución inmobiliaria y otros impuestos. Sin los tributos al día, los ocupantes no podían iniciar los juicios de prescripción treintenaria y vender los bienes ya regularizados.