Fiscal asegura que Alejandro Astesiano cometió otra actividad ilícita

"SE UBICÓ A PERSONAS Y SE LAS INTERROGÓ"

La fiscal Gabriela Fossati dijo ayer al juez Alejandro Asteggiante Blanco que, del celular del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, se recuperó información que apuntaría a que se dedicaba a otras actividades ilícitas además de participar en falsificaciones de documentos para ciudadanos rusos.

“Se ha podido conocer el manejo de Astesiano en otros pedidos hechos a autoridades públicas que, a juicio de esta fiscal, tienen todos los visos de ser ilícitos. Se está consultando en el Ministerio (del Interior) para verificar si esas potestades (del excustodio presidencial) eran válidas o no”, expresó Fossati.

Y agregó: “Ya se han detectado personas (jerarcas policiales) con nombres y apellidos. Fueron ubicados e interrogados. Hay otras personas que se tiene elementos de dónde estarían. Se están haciendo los trabajos de Inteligencia para ver quiénes podían ser. A través de las comunicaciones detectadas de Astesiano puede que (la falsificación de partidas para rusos) no fuera su única actividad ilícita”.

Fossati pidió al Ministerio del Interior información acerca de si los funcionarios identificados y relacionados con Astesiano estaban habilitados para recibir pedidos, como los que el excustodio presidencial les hizo, y cumplir con lo solicitado.

En la audiencia, la fiscal relató un mensaje de Astesiano a un funcionario policial de jerarquía, fechado el 10 de febrero de este año. En el mensaje, según Fossati, el excustodio solicitó a un jerarca que enviara agentes en motocicleta para un club de fútbol del Complejo Coami, ubicado en Millán y Lecocq, porque allí se hacía un tablado a las 18:00 horas. “Del otro lado tenemos al barrio Conciliación que siempre vienen a romper las bolas. Si puedo conseguir ahí algunos policías y algunas motos o algo. Solo para estar nomás. Para hacer acto de presencia y no vengan a joder, ¿viste? No te quiero joder. No te quiero comprometer”, dijo Astesiano según relató la fiscal en la audiencia.

Y recordó que la actividad privada de Astesiano era brindar seguridad a comercios. “Estamos hablando de una solicitud de recursos públicos hecha en forma directa y por una vía telefónica que tiene una apariencia claramente delictiva”, expresó.

En otra oportunidad Astesiano le informó al mismo jerarca policial que la hija de una compañera de Recursos Humanos de la Torre Ejecutiva quería ingresar a la Policía pero le faltaba una materia de 6° año de Secundaria que la iba a dar en julio. Astesiano, agregó Fossati, le pidió a su interlocutor que “aguante” ese lugar.

La fiscal dijo que la respuesta del jerarca policial fue: “Se hizo la gestión”. Fossati y su equipo no han comprobado si el pedido se efectivizó o no. “Si se comprueba que se hizo la gestión, claramente ha habido un tráfico de influencias a una persona que no correspondía”, explicó.

Además, Fossati solicitó información a oficinas públicas de Uruguay y del exterior para conocer más el entramado de las falsificaciones realizadas por la organización integrada por Astesiano.

“Eso no quiere decir que todos los funcionarios públicos estén comprometidos ni que en todas las oficinas se hayan cometido hechos irregulares. Pueden ser hechos irregulares o ser simplemente aprovechamientos de resquicios del sistema bien pensados por parte de quienes son identificados de a poco”, dijo la fiscal Fossati al juez Asteggiante Blanco.

Para la Fiscalía está claro que esta organización fue creada por el escribano Álvaro F. y el ruso Alexey S. y ellos son los que tienen los contactos. Supone que esa banda comenzó a operar por lo menos en 2013 y luego, en esta administración, sumaron a Astesiano.

“Hay un expediente que se solicitó a la Secretaría del presidente (José) Mujica, que se gestionó en el año 2013. Se trata de la tramitación para la documentación de un ciudadano ruso que luego no llegó a buen puerto porque se había presentado la documentación como si el ciudadano tuviera dos padres”, explicó Fossati.

En un principio, la banda incurrió en desprolijidades: de la documentación surgía que un ciudadano caucásico tenía dos padres; uno ruso y otro uruguayo. Es evidente que tal extremo no es posible en una documentación para solicitar la ciudadanía uruguaya.

A partir del análisis de expediente por expediente, el equipo de la Fiscalía -integrado por Fossati y las fiscales adscriptas Gloria Nicolini y Giuliana Realini- detectaron otras desprolijidades. Un ejemplo de ello es que, en algunos documentos apócrifos, hay testigos que se repiten y un mal uso de nombres rusos -ponían a un hombre el nombre de mujer-, entre otros detalles.

En audiencias anteriores, recordó Fossati, la Fiscalía anunció que se había logrado recuperar audios de Astesiano donde este mencionaba que tenía contactos con el uno -el jefe- o el dos de determinada oficina policial. El trabajo de la Fiscalía y de la Dirección de Inteligencia ha podido ubicar a algunas de estas personas. “Se pudo identificar y se hace referencia verdadera o simulada por parte de Astesiano a otras personas en otras oficinas. Se ha identificado en concreto a dos funcionarios del Ministerio del Interior, con cargos jerárquicos, uno en un puesto muy jerárquico”, afirmó Fossati. Ambos fueron citados a declarar como imputados y se negaron a hacerlo.

Fossati agregó que logró identificar a otras personas en otras dependencias que hacían actividades similares para la banda de falsificadores.

Esa semana la Fiscalía obtuvo un dato relevante. Detectó que el grupo de Astesiano no es la única organización que se dedica a falsificar partidas de nacimiento para que rusos obtengan la ciudadanía uruguaya.

“Habría por lo menos en dos zonas del interior del país personas que realizan actividades similares” a la banda de Astesiano, el ruso Alexey S. y el escribano Álvaro F., dijo la fiscal.

Fossati afirmó que algunos de los elementos de su teoría del caso “se vienen confirmando” y señaló que se “requiere mucho más trabajo”. Enseguida agregó: “Se está investigando a funcionarios públicos porque otros funcionarios públicos detectaron esta situación y otros funcionarios públicos, con el dolor que implica cuando se conoce a las personas, están investigando”, dijo.

Tras hacer esa introducción, Fossati se refirió a la ampliación de la prisión preventiva que pretendía solicitar para los tres imputados: Astesiano, Alexey S. y el escribano Álvaro F.

Luego de advertir que la prisión preventiva debía ser la excepción a la regla, Fossati dijo que la Fiscalía entiende que “es muy necesaria” que la medida preventiva de los tres imputados sea prorrogada hasta el 15 de marzo de 2023 porque pueden entorpecer la investigación y queda mucha documentación por procesar. El juez Asteggiante Blanco hizo lugar al pedido.

 El abogado del escribano Álvaro F., Edison González, rechazó el pedido de extender la prisión preventiva de su defendido alegando que este “ha colaborado” y “contestado todas las preguntas que le formuló la Fiscalía.

González se preguntó sobre el apuro de la Fiscalía cuando la investigación comenzó en 2019. “El riesgo no es tan mayor. Hay que tomar en cuenta los problemas de salud de mi defendido”, dijo y solicitó al juez Alejandro Asteggiante Blanco que dictaminara para el notario una prisión domiciliaria absoluta.

Alberto Rojas, defensor del ruso Alexey S., dijo que si en el caso no estuviera el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, su cliente apenas enfrentaría una libertad vigilada en una investigación por falsificación de documentos. “Los riesgos procesales (alegados por Fiscalía) son que mi cliente es ruso y habla con rusos. No hay ni un trámite ilegal que une a Astesiano con mi patrocinado”, advirtió y pidió una prisión domiciliaria para Alexey S. porque fue internado dos veces en un mes por problemas coronarios.

El abogado de Astesiano, Marcos Prieto, también pidió la prisión domiciliaria para su defendido señalando que la Fiscalía obtuvo todas las pruebas en los primeros días de investigación. “(Astesiano) no puede entorpecer la investigación”, advirtió Prieto.

Los abogados del escribano y del ciudadano ruso apelaron la prisión preventiva.