JUSTICIA
Cien trabajadores presentaron recursos de amparo ante la Justicia para cobrar deudas laborales con mercaderías de los depósitos.
El cierre de los free shops “Fénix”, pertenecientes a la multinacional panameña Waked investigada por lavado de activos , dejó a cien empleados sin trabajo y sin acceder a seguros sociales en Rivera, Aceguá, Río Branco y Montevideo. Así lo señaló a El País la gerente de dicho free shop, Beatriz Silvera.
“En este momento no hay nadie que se haga responsable del cierre del free shop. No hay nadie que firme los seguros de paro ni los despidos”, señaló Silvera.
Y agregó que los trabajadores presentaron recursos de amparo ante la Justicia en los cuatro departamentos donde estaban asentados para poder cobrar las deudas laborales con las mercaderías existentes en los depósitos, pero aún no hay resolución al respecto.
En 2016, el Banco Central del Uruguay ( BCU ) y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos presentaron una denuncia en la Justicia Especializada en Crimen Organizado contra el grupo panameño Waked por supuestos lavados de activos.
El 4 de mayo de ese año fue detenido en Colombia el millonario panameño Nidal Waked, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de integrar una red mundial de lavado de activos. El tío de Nidal, Abdul Waked, es el líder del Grupo Waked, un conglomerado de empresas que maneja 68 compañías, entre ellas free shops ubicados en la frontera de Uruguay con Brasil.
Pedido a Lacalle Pou.
El 26 de noviembre de 2020, durante una visita del presidente Luis Lacalle Pou a Rivera, Silvera y otros funcionarios de los free shop “Fénix” le entregaron al mandatario una carta en la que narraban la compleja situación jurídica de la empresa. Esta era dirigida por un empresario uruguayo, pero la titularidad de los free shops pertenecía al grupo panameño.
Señalaron entonces que ni el grupo de Panamá ni el empresario uruguayo que administró los comercios entre 2017 y 2019 se habían hecho cargo de las deudas laborales. “Ese empresario gestionaba los free shop. Era responsable de los comercios. Pero no tenía nada firmado porque el grupo panameño estaba en la “lista Clinton” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no podía firmar ningún contrato”, explicó Silvera.
En diciembre 2019, el empresario presentó una denuncia en el Ministerio de Economía y en la DGI. Alegó que, por no obtener ganancias de los comercios y por tratarse de empresas fraudulentas, solicitaba al Poder Ejecutivo que retirara el giro de free shop de las empresas. El 5 de agosto de 2020, el Ministerio de Economía firmó la revocación de los poderes del empresario y la entrega de los free shops al grupo panameño, que está impedido de comprar y vender por la investigación en Estados Unidos.
En agosto de 2020, los locales cerraron. Los trabajadores no cobraron sueldos, despidos ni tuvieron acceso a los seguros de desempleo porque ningún responsable firmaba esos documentos, según Silvera.
Ahora los empleados pretenden que el gobierno intervenga.
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