JUSTICIA

Fallo dice que el BROU podrá reclamar ese bien. Un exjefe de Fripur era director de S.A. fantasma.

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La jueza civil Estela Jubette y sus asesores se sorprendieron cuando llegaron a la mansión de Carrasco en 2015. Los atendió una empleada y les dijo que el empresario Alberto Fernández, entonces dueño de Fripur, no se encontraba. Poco después llegó Fernández y los operadores judiciales pudieron realizar una inspección en la residencia reclamada por el Banco República para cubrir parte de la deuda de Fripur. El monto que la compañía adeuda al BROU es de alrededor de US$ 50 millones intereses incluidos.

En el juzgado no hay un documento referido al valor de la mansión, ubicada en el corazón de Carrasco. Pero se estima que vale más de US$ 1.500.000.

El Banco República investigó y detectó que la mansión es de propiedad de la sociedad Metaxa que la adquirió de Fripur en 1984.

El propio banco señaló a la magistrada que Alberto Fernández fue también presidente de Metaxa.

En el Juzgado Civil, el BROU alegó que todos esos elementos conducen a intuir que Metaxa sirve únicamente para “ocultar” el verdadero propietario del inmueble que es su deudor, Alberto Fernández.

La jueza Jubette le dio la razón al banco y dictaminó que Fernández utilizó la sociedad Metaxa con el propósito de “salvar” la mansión y que ésta no fuera rematada por el Banco República para cobrarse la deuda de Fripur.

En su demanda, el banco advierte que Metaxa no realiza actividad comercial; tiene vencido el certificado de la DGI desde 2006 carece de certificado de BPS y no se encuentra del Registro de la Central de Riesgo Crediticio del Banco Central del Uruguay y ello implica que no realiza actividad comercial o de producción, carece de empleados. Es decir, Metaxa tiene la finalidad de esconder bienes del patrimonio de Fernández.

En el juzgado civil se presentó un exjefe de Compras de Fripur y hombre de confianza de Fernández, Javier S. quien sin saber firmó documentos en 1983 que lo acreditaban como único integrante del Directorio de la empresa Metaxa hasta el 2004.

Javier S. también se enteró que, en 1984, la sociedad que supuestamente era el único accionista había comprado una mansión a Fripur.

Y testificó a la Justicia que su participación fue inducida por la “relación de dependencia” que tenía con la empresa Fripur a fin de solucionarle un problema que le planteó Alberto Fernández que mantenía con su esposa y “es recién en este proceso” que toma conocimiento de la existencia de una vinculación con la empresa Metaxa.

Javier S. manifestó a la sede que él nunca fue propietario de la mansión reclamada por el Banco República, “ni a título personal ni fue dueño de las acciones de Metaxa”, sino que surge de las pruebas ofrecidas por la exesposa de Fernández de que es ella la dueña de las acciones y que fue ella quien adquirió la sociedad anónima con el fin de recuperar el inmueble de su propiedad el que había sido vendido anteriormente a Fripur.

Y agregó que ello surge de las defensas realizadas por Metaxa, la excónyuge de Fernández y del propio empresario.

Durante el juicio iniciado por el Banco República, Fernández y su exesposa alegaron que el empresario vivió en la mansión durante 50 años y que pagaba un alquiler por la finca de $ 35.000 mensuales a la sociedad Metaxa.

En 2015, durante la inspección a la residencia, el exdueño de Fripur transmitió a la jueza Jubette que Metaxa no tenía actividad comercial alguna y que esa sociedad fue adquirida para poner ese inmueble a nombre de la S.A. y que las acciones las tiene su exesposa.

En su fallo, Jubette afirmó que a la fecha de realizarse la inspección, el plazo del contrato de arrendamiento se encontraba largamente vencido y surge del expediente que luego de iniciada la demanda por el BROU, Fernández se mudó a un apartamento. La magistrada destacó, además, que tanto Fernández como su exesposa admitieron que no existe ningún recibo del pago de los alquileres y cuando el empresario alegó que el monto de los arrendamientos era depositados en una cuenta de su excónyuge, ésta no especificó ni acreditó dicha circunstancia.

Jubette también señaló que cuando Fripur adquirió el bien a la exesposa de Fernández no abonó ni un solo valor por ese negocio y que el único fin de la sociedad Metaxa fue cobijar el inmueble de Carrasco.

Y concluyó que la actuación de Fernández y su excónyuge es dolosa porque trató de “extraer” de su patrimonio personal un “bien importante económicamente” para que no pueda ser ejecutado por el Banco República.

Un contador retirado que integraba el Sector de Análisis Corporativo del Banco República, declaró en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado sobre los préstamos millonarios que el BROU otorgó a Fripur pese a que había sido calificado como Grado 3 (no puede recibir créditos) y el Directorio había decidido que no había que darle más préstamos.

El juez de dicha materia, Pablo Benítez, preguntó al profesional: “Si conforme a su experiencia, es común que una empresa con calificación de Riesgo 3 siga recibiendo asistencia financiera del BROU”.

El contador respondió: “Puede ser común en casos en que el tipo de garantía que el Banco tiene captada del cliente sea fácilmente realizable. Pero no creo que fuera el caso de Fripur S.A.” Luego Benítez indagó a quién le correspondía en el BROU decidir prestarle asistencia financiera a una empresa calificada como Riesgo 3. El exfuncionario del banco respondió: “La resolución final la toma el Directorio en comisión con la comisión de crédito”. En 2016, el abogado Gustavo Salle presentó una denuncia penal para que se investigasen probables irregularidades del Banco República en la concesión de préstamos millonarios a Fripur.