FIN DE UNA DISPUTA

El choque entre el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez, se inició cuando los fiscales comenzaron a trabajar en forma remota por el incremento de casos generados por COVID-19.

A juicio de la gremial de penalistas, la lista de tareas dispuestas por la Fiscalía de la Nación no incluía la entrega de copias de las carpetas investigativas de imputados por parte de los fiscales a los defensores. “Los abogados nos quedamos sin trabajo por no tener acceso a las carpetas investigativas. La Fiscalía está prácticamente cerrada”, señaló el viernes 9 a El País el presidente de la Asociación de Penalistas, Fagúndez.

Al día siguiente, el presidente del gremio de fiscales, William Rosa, negó que el servicio se hubiera detenido.

En una resolución publicada el viernes 15, el fiscal de Corte dispuso que se mantengan suspendidas las agendas de todas las fiscalías debiendo reagendar las actividades para fechas posteriores al 3 de mayo de este año. Y estableció que los fiscales podían recibir y evacuar consultas de los penalistas sobre investigaciones en curso a través de correo electrónico.

Fagúndez recibió con “gran beneplácito” esta resolución porque colabora con la ciudadanía y con los abogados que ejercen la materia penal. “La Asociación de Abogados Penalistas no tiene más que agradecer haber sido escuchados, y encontrar una solución adecuada a la situación general”, dijo.