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En la jerga judicial se denominan “caranchos” a aquellos abogados que salen disparados apenas se enteran de un accidente de magnitud en una ruta buscando un juicio indemnizatorio jugoso.
Sin embargo, la maniobra ha ido evolucionando hasta llegar a que, por ejemplo, ahora una abogada y una gestora “captan” a choferes de ambulancia y a enfermeras del sector emergencias de las puertas de hospitales de varios departamentos a cambio de una comisión.
De esa forma, la abogada y su cómplice tienen fácil acceso a las identidades y domicilios de los accidentados y luego los llaman para representarlos en demandas por daños y perjuicios, según consta en una denuncia elevada al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.
Los denunciantes, que prefirieron el anonimato, sostienen que comparecen ante ASSE a denunciar la posible existencia de una organización que, desde hace un largo tiempo, opera en el Hospital de Maldonado -ASSE- y en otros departamentos. “Dicha organización criminal tendría una propia estructura donde cada uno de los roles de sus integrantes sería determinante a los efectos del objetivo de la misma (obtener la mayor cantidad de patrocinios de juicios por accidentes viales)”, se indica en la denuncia a la que tuvo acceso El País.
Tras brindar los nombres de una abogada y una gestora, el escrito sostiene que la modalidad de “la organización” sería la siguiente: un funcionario/a del sector de emergencia del Hospital de Maldonado o con acceso a la base de datos de ASSE podría llevar a una gestora de accidentes de tránsito y a una abogada “los datos personales y números de celulares de las personas que ingresan a emergencia con motivo de haber sido víctimas de un siniestro de tránsito”.
Usuaria Margot C.
Según la denuncia, los usuarios accidentados de ASSE que son ingresados en los centros de salud enseguida comienzan a recibir mensajes de la gestora. Ello, dice el escrito, quedó probado debidamente con las capturas de la conversación entre la gestora y Margot C., que fuera víctima de un siniestro de tránsito el 26 de mayo de este año.
Minutos después de ingresar a una sala del hospital de Maldonado, Margot C. recibió una llamada de la gestora, quien le señaló que trabajaba con una abogada y agregó que solo cobraban de honorarios un 20% de la indemnización que recibiría por el accidente.
Usuario Facundo N.
Fue víctima de un accidente de tránsito el 27 de mayo de 2023. Facundo ingresó al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) en Montevideo donde fue contactado por la gestora. También le ofreció al paciente los servicios del estudio jurídico de la abogada de la organización, según consta en reproducciones de la pantalla del celular anexadas a la denuncia presentada en ASSE.
Usuario Miguel B.
En 2022, Miguel sufrió un accidente de tránsito. También fue contactado por la gestora, pero en este caso ofreció los servicios de otra abogada. “Salvo que la gestora tenga poderes sobrenaturales para obtener los celulares de los pacientes de accidentes de tránsito que ingresan a ASSE, alguien se los podría estar filtrado”, se dice en la denuncia. Y se señala que las autoridades de ASSE deberían investigar para determinar quiénes son los funcionarios que están filtrando información que podría tener el carácter de reservada y a cambio esos funcionarios reciben algún beneficio económico”, se sostiene en el escrito.
Modus operandi
En la denuncia se ironiza sobre que la gestora tiene desarrolladas “unas destrezas” que le permiten acceder en tiempo récord a los números de celulares de los usuarios de ASSE que son ingresados a los centros de internación, en particular los que revistan la calidad de víctimas de accidentes de tránsito.
“Esto le permite (a la gestora) llegar al consumidor de un futuro servicio profesional (abogado) en tiempo récord. La ilicitud no está en la llegada en tiempo récord, sino en cómo se podrían estar obteniendo los datos del posible consumidor para contactarla, desde que base de datos éstos se extraen, obviamente sin el consentimiento del usuario”, se agrega en la denuncia.
Y se solicita, además, que ASSE tramite ante la Justicia la incautación del teléfono celular utilizado por la gestora en “su emprendimiento comercial dentro de los hospitales” para que sea periciado y detectar a los funcionarios cómplices -choferes y enfermeras.
En el escrito se concluye que el proceder de la organización “viola” la ley que protege los datos personales establecidos en una historia clínica.
Cae una banda que “clonaba” vehículos
Desde 2021, la Fiscalía y la Policía investigaba a una organización criminal que se dedicaba a la “clonación de vehículos”. Con la directiva del fiscal Raúl Iglesias, la Policía llevó adelante desde el año pasado la “Operación Bora II”. Allí se determinó que uno de los imputados se encargaba de obtener autos mediante hurto o rapiña.
Luego de apoderarse de los vehículos, eran trasladados al taller de otros de los imputados, Jonhatan Daniel Coitinho Walter. Este sujeto se encargaba de modificarlos, colocándole piezas que hicieran parecer que se trataba de otro rodado, según dice el pedido del fiscal a la Justicia. Por ejemplo, lo pintaba, le colocaba otra matrícula generalmente de un auto siniestrado y que previamente otro cómplice había comprado los derechos sobre los restos y así obtener las piezas claves para la clonación.
Según Iglesias, los delincuentes también implantaban un nuevo número de chasis al vehículo robado y luego obtenían documentos notariales para negociarlos. Tras un acuerdo abreviado, la Justicia remitió a la cárcel a Coitinho Walter por asociación para delinquir.