Eran las 22:30 horas del 2 de setiembre de 2019. Un cadete de la Policía, que recientemente había adquirido una moto marca Kawasaki, modelo Ninja de gran cilindrada, invitó a pasear a una joven que había conocido días atrás por los alrededores de San Carlos.
El hombre tenía 22 años (cabo de la Policía) y cadete de la Dirección Nacional de Educación Policial, siendo el segundo mejor de su generación, según un escrito judicial al que accedió El País.
Su amiga tenía 24 años en 2019. Trabajaba como auxiliar de limpieza para una empresa y cumplía funciones en el Banco República. Además, la chica estudiaba en el liceo nocturno (bachillerato).
Cuando la pareja regresaba en moto a la ciudad de San Carlos por la calle Alvariza, fueron avistados por agentes de la Guardia República, quienes decidieron iniciar un procedimiento policial con “una serie de errores muy groseros”, según se indica en el escrito redactado por el abogado César Castro y presentado ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno. El abogado César Castro declinó ayer dar declaraciones.
El primer error cometido por los policías intervinientes fue que a la pareja se los confundió -aparentemente por el tipo de moto- con el conocido traficante apodado “el Cane”. Con esa falsa idea, los policías optaron por colocarse detrás de la moto que circulaba con normalidad y los siguieron muy de cerca.
Desde la Kawasaki la pareja escuchó frases como: “Es el Cane y la novia” y “¡hay que dársela!”. En un momento, la pareja que se desplazaba en la moto escuchó detonaciones. El cadete aceleró desesperadamente la moto para salvar su vida, según consta en el documento en poder del Juzgado.
Cuando la moto y el patrullero pasaron en las inmediaciones del “Teatro del Verano”, se encontraron con un auto que intentó interceptarlos de frente y sin luces policiales ni sirenas. A esa altura la calle es de doble senda.
“El conductor de la moto y su pareja no podrían saber si era un patrullero o no y aún sabiéndolo era muy difícil poder detenerse ante una misma policía que los perseguía a balazos”, expresa el escrito que el abogado Castro presentó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, cuyo titular es el fiscal Javier Gandini.
Siguiendo con la desesperada persecución la moto llegó a la Seccional 2ª de San Carlos, los dos jóvenes fueron interceptados esta vez por una persona sin uniforme ni chaleco.
“Mis representados aminoraron la marcha para esquivarlo y quien a la postre resultó un “comisario”, les lanzó un golpe con un objeto contundente (se supone que era una vara policial). Con ella golpeó la cabeza de la muchacha que iba en el asiento trasero de la moto. El conductor volvió a acelerar el birrodado”, se relata en el documento.
A esta altura la situación era desesperada y absurda. “Un patrullero los persigue a balazos a un cadete policial y un ‘civil´ (resultó ser un comisario) intenta detenerlos sin tener las víctimas la menor idea de lo que estaba sucediendo”, expresa la demanda ingresada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
El conductor de la moto decidió dirigirse hacia la casa de familiares de la joven acompañante para tener testigos de lo que sucedería cuando se detuvieran. Por eso continuaron por la calle Tomás Berreta hasta ingresar al patio de la finca.
“Lo cierto es que cuando se detienen, ambos jóvenes habían sido heridos por la lluvia de balas disparadas (por los policías); dos habían dado en el blanco (una en el fémur de la joven y otra en la rodilla del conductor) y muchas en la moto”, dice el escrito.
Cuando llegaron los policías al patio de la casa, detuvieron a la joven y redujeron con “verdadera saña” al conductor “siendo ambos agredidos”. Los policías luego concurrieron a la casa del cadete policial y confirmaron que su arma de reglamento estaba allí con todas sus balas.
Según el escrito, uno de los policías alegó que disparó a la moto porque el conductor hizo un amague de sacar un arma de la cintura. “El absurdo del comentario es obvio. El joven conducía de noche una moto de alta cilindrada con una acompañante abrazada fuertemente a él, mientras docenas de proyectiles volaban sobre su cabeza y otros impactaron en su moto y en los cuerpos de ambos”, dice la demanda.
Las filmaciones mostraron que en ningún momento la pareja extrajo un arma. Los policías acusados también pretendieron generar sospechas sobre que la acompañante tenía una “mochila negra”, de la que se deshizo en el camino.
Según el escrito de Castro. “también eso es falso. Las filmaciones muestran que la mochila de la joven era rosada y siempre la tuvo consigo”.
Por todo esto, sostuvo que el procedimiento “no cumplió con la progresividad establecida en la normativa vigente”.
Castro agregó que el episodio generó lesiones físicas y una depresión al joven que lo hizo abandonar la Policía e incurrir en malos pasos. Por ello, en el escrito se reclama una indemnización de $ 2.400.000 por daño moral y daño material porque la conducta de los agentes “es absolutamente inexcusable, irracional e ilegítima”.
“Hubo intención de matar”
En su demanda presentada ante la Justicia, el abogado César Castro dijo que uno de los agentes policiales tiró hacia personas desarmadas con “intenciones de matar”.
Agregó que los policías no respondieron penalmente porque el chofer de la moto y cadete policial “fue presionado” para que retirara la denuncia. “Un policía hizo tres ciclos de disparos (51 tiros)”, dijo.