Por Pablo Méndez
En Maldonado hace más de un año que se encuentra vacante el cargo de defensor de oficio en materia de ejecución penal. La situación lleva a que defensores en otras ramas cumplan sus tareas y, producto de la sobrecarga laboral, reclamen porque se ocupe de inmediato el puesto.

Según asegura María Emilia Maciel, abogada de oficio en Maldonado y delegada de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la situación es “desgastante” porque se arrastra hace un tiempo y “parece no tener solución”.

El defensor de ejecución penal es el encargado de mantener principalmente un control de los vencimientos de pena, de solicitar libertades anticipadas y velar por la salud de aquellos condenados con prisión o con medidas alternativas.

En todo el departamento de Maldonado hay dos juzgados de ejecución penal. La persona que debería ser contratada estaría encargada de ambos.

“Quien ocupe el puesto tiene a su cargo más de 1.600 causas, por las que hoy deben responder los defensores en materia penal. La sobrecarga es total”, aseguró Maciel.

El puesto por el que se reclama una contratación fue creado en el año 2017, ante la entrada inminente en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Hasta el 2021 fue ocupado y ejercido por un abogado, a quien en ese año se le ofreció otro cargo en Montevideo.

Esto llevó a designar a otra persona en su lugar, quien se encontraba certificada por al menos dos años. La mujer padecía una enfermedad terminal, que nunca le permitió ejercer dentro de este puesto.

En el mes de septiembre de 2022 la mujer falleció y por esto se abrió la vacante.

Según Maciel, la sobrecarga lleva a no contar con un trabajo acorde “más allá del esfuerzo de los defensores”, porque deben cumplir funciones por las que no se les paga.

Además, advirtió que pese al esfuerzo que hagan los abogados, esto trae consecuencias para las personas que deberían ser defendidas por estos defensores.

Un ejemplo es que los familiares de las personas privadas de libertad, que suelen consultar “por el vencimiento de la pena de reclusos, ahora están indefensos”, porque no saben a quién acudir ante la rotación de abogados.

“Hay un ahorro de personal, donde se lesiona a los que estamos y no se están nombrando cargos”. Esta es la conclusión de la delegada, quien recordó que no solo hay cargos sin ocupar de defensores, sino también de asistentes técnicos.

Más conocidos como procuradores, los cargos con esta carátula no son cubiertos en Maldonado hace tres años y Maciel aseguró conoce de este aspecto ya que fue procuradora en 1999. “En aquella época yo era la única, pero llegamos a tener tres cargos que hoy en día están vacantes”, mencionó Maciel.

Por el momento los nueve defensores de oficio Maldonado -que deberían ser 10 con el cargo de ejecución penal ocupado- solo cuentan con una persona que es abogada y realiza tareas de “colaboración”.

Quienes ocupaban estos cargos según Maciel, fueron trasladados y con su ausencia se trabaja en las condiciones “del Maldonado de 1999”. Esto con un departamento que “triplicó la población” y tiene la tercer población más grande.

En noviembre se realizó una inspección en la que se sugirió que hubiera por lo menos tres procuradores para apalear la sobrecarga de los defensores. El País buscó consultar a la Dirección Nacional de la Defensa Pública, pero prefirieron no brindar declaraciones sobre el tema.