DENUNCIA

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, en la que denuncia la "práctica de algunos fiscales que atentan gravemente contra el ejercicio de la defensa privada".

En la misiva, la AAPU expresa que le han llegado denuncias de abogados porque fiscales fundamentan solicitudes de prisión preventiva "en el supuesto poder adquisitivo del imputado que le permitiría trasladarse a otro Estado y vivir en él evadiéndose de la sujeción procesal".

Asimismo, entienden que hay un "ataque directo" al ejercicio de su profesión, porque "penalizar a los imputados con la amenaza de prisión preventiva por la contratación de abogados particulares, consultantes o peritos atenta contra claros principios constitucionales y legales elementales en todo el estado de derecho democrático", ya que el artículo 64 del Código del Proceso Penal consagra el derecho del imputado a "designar libremente defensor de su confianza".

La carta concluye con la solicitud directa al fiscal Gómez de investigar estas situaciones y dictar " las recomendaciones, medidas correctivas o instrucciones que correspondan".