PROCESO JUDICIAL EN CURSO

Defensas de víctimas de caída del puente en los accesos piden procesamientos y reparaciones económicas

Los profesionales afirman que existen “sobrados elementos” que justifican el procesamiento del dueño de la empresa de transporte y el camionero.

Accidente de tránsito en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal
El pizzero Pedro Recalde falleció al chocar con el puente caído. Foto: Estefanía Leal

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En la tarde del 13 de noviembre del año pasado, el puente peatonal ubicado en los accesos a Montevideo a la altura de La Teja, se derrumbó tras ser colisionado por el brazo de una excavadora transportada por un camión con rumbo a Canelones.

En el accidente falleció el pizzero Pedro Recalde (52), cuya camioneta Renault impactó en el puente caído. En tanto, la docente María José B. (35) y su acompañante sufrieron heridas de entidad al chocar su auto Suzuky contra la mole de cemento.

A la hora de la colisión, por arriba del puente caminaban la adolescente Melina O., embarazada a término, y su sobrino de 10 años. Ambos cayeron con el puente al pavimento de la ruta. Melina tuvo raspones y golpes en las piernas y corrió riesgo de perder su embarazo. El niño sufrió graves heridas en la zona pélvica y en las piernas que ameritaron cirugías.

En declaraciones ante la fiscal del caso, Sabrina Flores, el dueño de la empresa de transporte y el camionero se acusaron mutuamente del siniestro.

Flores continúa la investigación del accidente, mientras recibe escritos de las defensas del empresario, del camionero y de las víctimas con puntos de vista encontrados sobre las causas del choque.

Los abogados de la adolescente y del niño, Nilson Salerti y Ana García, afirmaron a El País que, en la investigación a cargo de la fiscal Flores, hay “sobrados elementos” que justifican el procesamiento del empresario y del camionero.

Derrumbe de puente peatonal en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal
Derrumbe de puente peatonal en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Ambos profesionales resaltaron la existencia de “un cúmulo de irregularidades” por parte de la empresa de los investigados, en cuanto a las condiciones del camión, la carga de la excavadora al mismo y su posterior traslado.

Y consideraron que estas “anomalías” de la empresa, más allá de las contradicciones entre el chofer y el empresario en declaraciones realizadas a la Fiscalía, son de “entera responsabilidad” del dueño de la firma. Asimismo, llamó la atención a las dos abogados de la adolescente y del niño, que más allá de que el empresario manifestó en la Fiscalía que el accidente fatal lo “liquidó emocionalmente”, ninguno de los denunciados se ha comunicado con las víctimas o sus familiares y representantes para interesarse sobre el estado de los mismos. “Además de los perjuicios físicos, ambas víctimas cuentan con daños psicológicos como consecuencia del hecho ocurrido ese fatídico día”, dijo Salerti.

Agregó que, en este momento, el niño se encuentra bajo tratamiento psicológico por el temor que siente al salir de su casa y transitar por la calle.

Según el profesional, la adolescente y el niño han sido las “víctimas olvidadas” en este caso, a pesar de que intentó dialogar al respecto con la representante legal del empresario para alcanzar una reparación económica del daño.

La abogada del empresario, Laura Robatto, dijo a El País que su defendido “no tuvo” una relación directa con el accidente y, por ende, no debe ser acusado por el mismo.

El abogado del camionero, Nicolás Pereyra, señaló que su defendido no incurrió en negligencia, impericia o violación de leyes y reglamentos en el traslado del camión y la excavadora.

Y concluyó que la empresa “no cumplía en grado alarmante” las disposiciones de seguridad para transportar carga por carretera.

“La empresa estaba habilitada por el MTOP”

La abogada del dueño de la empresa de transporte, Laura Robatto, explicó que, previo al accidente en los accesos, la compañía venía de una difícil situación económica que la obligó a ceder otros vehículos pesados.

“Le quedaban dos camiones y una chata. Dos de ellos participaron en el siniestro. En ese momento, la empresa estaba (y está) habilitada por el Ministerio de Transporte para circular”, explicó la abogada. Y recordó que la habilitación de la cartera vencía el 31 de diciembre de 2020 y el accidente sucedió el 13 de noviembre de ese año. A su vez, agregó Robatto, el camión y la chata tenían permisos para circular por el MTOP hasta el 18 de mayo de este año. “Esos documentos oficiales y otros los presenté hoy (por ayer) a la Fiscalía”, dijo.

Advirtió que la empresa logró obtener el permiso Appplus -significa que los camiones y la chata pasaron una supervisión técnica y pueden desplazarse por rutas nacionales- y agregó que, al momento del accidente, la firma estaba al día con el Banco de Seguros, BPS y DGI.

“Hoy (por ayer) le entregué a la fiscal Flores documentos que probaban que los seguros obligatorios del camión y la chata están vigentes hasta el 25 de mayo de 2021”, aclaró Robatto.

Agregó que, por un requisito formal, la empresa no tenía la tarjeta de circulación porque no había pagado dos o tres multas.

Y concluyó: “El empresario pensó que tenía esa libreta. No le avisaron del Ministerio de Transporte que había sido multado. Decir que la empresa estaba en forma irregular es una falta de respeto”.

Ministro Heber: “En el accidente hubo desidia”
Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas. Foto: Leonardo Mainé.

Al día siguiente del siniestro mortal ocurrido en los accesos a Montevideo, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, expresó que “hubo desidia y falta de profesionalismo por parte del conductor y la empresa”. Según el jerarca de la cartera, “hay un homicidio culposo muy notorio del chofer que tiene la libreta profesional justamente para evitar estas cosas”.

Y agregó que no es la primera vez que el conductor tenía advertencias y multas por parte de Transporte. Por su parte, el director de Transporte, Pablo Labandera, dijo que la empresa no contaba con el permiso del MTOP para circular. “El vehículo desde el año 2018 estaba transitando de forma irregular, porque ya el permiso nacional de circulación no existía y no hubo custodia”.

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