EN PRISIÓN DESDE 2019

Martín Frustaci, el abogado defensor de Mónica Rivero, extesorera de la empresa Julio César Lestido acusada del robo de más de US$ 7.6 millones, solicitó en las últimas horas la excarcelación de la mujer que se encuentra en prisión desde hace más de dos años y medio.

El País tuvo acceso al petitorio del represente legal, quien alega que Rivero fue procesada con prisión el 28 de febrero de 2019 como autora de un delito de estafa y falsificación de documento privado, para "los cuales en ambos casos delitos se prevén penas en sus mínimos de 6 y 12 meses de prisión respectivamente".

El documento expresa que se considera "suficiente" la pena que ha cumplido hasta el momento, de dos años y poco más de seis meses de prisión, y que "no existirían elementos fácticos jurídicos para continuar o por lo menos prolongar la preventiva". Solicitan que Rivera cumpla "el resto de la preventiva en su domicilio".

Además, alegan la condición de "primaria absoluta" de Rivero. En este plazo de reclusión, la defensa señala que "le ha servido como lección y aprendizaje", y extender la prisión "podría ocasionar un daño más que un beneficio". En tanto, destaca las "tareas académicas y laborales" que cumplió Rivero.

"Por la conducta intracarcelaria de Rivero, y por el derecho de toda persona a esperar una sentencia justa en libertad ambulatoria o bajo las medidas que imponga la sede", es que la defensa solicita su "exarcelación", explicó Frustaci.

Rivero, ludópata y asidua a los casinos, a los que iba junto con su familia, fue procesada con prisión en febrero de 2019. Se le imputó un delito de estafa y otro por falsificación de documentos. Entre 2017 y 2019 figuraba en la lista de personas ausentes del Ministerio del Interior y se creía que podría haber sido asesinada o secuestrada. Sin embargo, fue encontrada por Interpol en una cabaña de la Barra del Chuy. Se hacía llamar Ana y tenía el pelo de otro color.

El fiscal Luis Pacheco había señalado en 2019 que Rivero aprovechó de su experiencia y su trayectoria en el cargo para realizar "diversas maniobras fraudulentas que indujeron a error a la empresa, a fin de procurarse un provecho económico injusto".

A través de esta maniobra la mujer logró "apoderarse fraudulentamente y mediante engaño" de U$S 7.622.233 y $ 1.435.044, durante los diez años en que trabajó en la empresa.

El dinero se fue retirando de a poco y no en un mismo momento. Para realizarlo modificaba los balances de la empresa, lo que permitía no alertar acerca de los delitos. Por esta maniobra fue que se la acusó del delito de falsificación.