Regasificadora

Estado debe pagar US$ 13 millones a OAS

El fallo en primera instancia fue apelado por Gas Sayago.

Regasificadora Gas Sayago. Foto: Archivo El País
Regasificadora Gas Sayago. Foto: Archivo El País

El Juzgado de Concurso de Primer Turno condenó a Gas Sayago (la sociedad de propiedad estatal constituida para construir la fallida regasificadora) a pagar US$ 13 millones a OAS, la empresa brasileña que llegó a construir 13 kilómetros de gasoducto que entiende no le fueron pagados en su totalidad. El fallo fue apelado.

El diputado nacionalista, Pablo Abdala, que impulsó la creación de una comisión parlamentaria investigadora sobre la fracasada obra, dijo a El País que hoy le pedirá informes a la ministra de Industria, Carolina Cosse sobre este punto y sobre otros juicios que involucran a OAS. La empresa brasileña también demandó a UTE y Ancap, propietarias de Gas Sayago por otros US$ 30 millones por concepto de daños y perjuicios.

Abdala había cuestionado la adjudicación a OAS de la construcción de 13 kilómetros de gasoducto terrestre (que se construyó) y de otros 3 subacuáticos (que nunca se empezaron). El tramo terrestre, que unía el gasoducto "Cruz del Sur" con el lugar donde iba a comenzar el subacuático, tenía un costo de US$ 45 millones, de los cuales US$ 13 millones no fueron pagados. La adjudicación, recordó Abdala, había sido objetada por informes técnicos.

Diputado Pablo Abdala. Foto: Francisco Flores.
Diputado Pablo Abdala. Foto: Francisco Flores.

El próximo 7 de noviembre el plenario de la Cámara de Representantes tratará los distintos informes partidarios sobre la comisión investigadora.

El Tribunal de Cuentas había decidido en setiembre observar el denominado "Acuerdo de Pago y Respaldo" que suscribieron Ancap y UTE con Gas Sayago para desembolsar para esta última el dinero que resultara de sentencias condenatorias y para declarar indemnes a los directores de esa sociedad ante eventuales reclamos de terceros. El tribunal también cuestionó que el acuerdo hubiese sido declarado confidencial.

El Partido Nacional entiende que todo el proceso trunco de construcción de la regasificadora —que dejó de construirse en 2015— le significó al Estado un perjuicio de US$ 174 millones.

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