Redacción El País
Luego de un largo proceso que comenzó en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo a pagarle a 50 ahorristas del Banco Montevideo, institución financiera que terminó por cerrar sus puertas luego del "corralito" que tuvo lugar durante la crisis de 2002.
Durante el "corralito" bancario aquellos que tenían cuentas y ahorros no pudieron acceder a su dinero ni retirarlo.
Alicia Barbani, que representa al grupo de ahorristas, explicó que luego de agotarse los recursos internos en Uruguay, decidieron pasar el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta a su vez elevó la situación a la Corte, que inició un juicio al Estado uruguayo en 2011.
"En el 2002, muchos ahorristas sufrimos una brutal estafa llevada a cabo por el grupo Peirano-Banco Montevideo, cuyos dineros se desviaron al TCB (Trade & Commerce Bank) de Islas Caimán sin nuestro consentimiento ni conocimiento", reconstruyó Barbani en diálogo con Telemundo (Canal 12).
La causa distinguía por una parte a aquellos ahorristas que habían aceptado trasladar sus ahorros al TCB y aquellos que, como fue el caso de Barbani, no estaban al tanto de que el banco había transferido el dinero, por lo que no habían dado su consentimiento para ello.
"Capaz que no fue lo mejor porque no fueron todos aceptados. De 1.500 (víctimas) quedaron 344, de 344 quedamos aceptados 50, y dentro de esos 50 quedé yo", detalló la escribana. "Pero quedé yo no porque representara a los ahorristas, no, quedé porque probé que yo nunca había dado el consentimiento", señaló.
"Estamos hablando de un total que tiene que pagar el Estado uruguayo de US$ 2.786.813. En realidad el artículo 27 de la ley 17.613, que nos amparamos en ese para que nos de la calidad de ahorrista, es hasta US$ 100.000. El que tenía 50 recibe la totalidad y el que tenía más de 100 recibe hasta 100", puntualizó.