Era un sábado de junio y decenas de personas habían terminado sus visitas a familiares en el exComcar. Al cumplirse el horario, se instó a los visitantes a abandonar el centro. Y entre aquellos que cruzaba el túnel de revisoría para irse se escabulló Jhonny Leonel Giancola Silva, un recluso con un profuso prontuario que cumplía prisión preventiva por una causa en la que se le imputaban más de 20 estafas, además de enfrentar otro expediente por homicidio. Tras lograr salir del centro, corrió hacia la ruta y permaneció 45 días prófugo.
El pasado martes, Giancola Silva fue condenado a dos años de prisión por el delito de estafas —que rondan el millón de dólares— y por su fuga. Al finalizar esta pena, deberá cumplir otros siete años por el homicidio. Por este último delito ya había sido sentenciado a fines de marzo de este año, según surge de los registros a los que accedió El País.
El primer caso por el que la Fiscalía posó sus ojos en él fue el de las estafas. Giancola se presentaba como un empresario exitoso con una oficina en el barrio Carrasco —incluso llevó a potenciales clientes (que luego fueron estafados) a conocer su casa en un barrio privado en las afueras de Montevideo, donde les mostró su camioneta de alta gama.
Tenía panaderías, una empresa de construcción y otra firma alrededor de la cual giran la mayoría de las imputaciones. Según su página web —que fue dada de baja—, su cometido era “captar, desarrollar y potenciar modelos de negocios disruptivos de rápida escalación en múltiples industrias”.
La Fiscalía de Flagrancia de 1er Turno —que investigó el caso— planteó en la audiencia unas 22 denuncias de estafa, enumerando una a una los montos de los que Giancola logró hacerse. En un cálculo conservador, basado en los números proporcionados en la audiencia judicial a la que tuvo acceso El País, la cifra ronda los $ 21 millones y US$ 540.000.
El modus operandi se repetía. Por ejemplo, se presentaba como empresario en una estación de servicio y pedía que le abrieran una cuenta corriente para su negocio. Esto se hacía, pagaba alguna vez, pero luego lograba que le "anotaran" cuantiosos montos, los que nunca llegaba a abonar. A veces simulaba pagarles con cheques que resultaban no tener fondos o que habían sido hurtados.
La primera denuncia mencionada es de mayo de 2020 y fue realizada por un hombre que había acordado venderle mercadería a cambio de cheques con pago diferido. El comerciante le entregó mercadería valuada en $ 1.303.280 y Giancola le dio los cheques. Una vez que fueron presentados para cobrar, la víctima descubrió que habían sido denunciados como robados. En su momento, el condenado se comprometió a solucionar el problema y le envió una transferencia, pero el damnificado corroboró después que era falsa. Finalmente, el comerciante logró recuperar parte del dinero, pero aún se le adeudan $ 492.000. La mayoría de las víctimas no recuperó nada de lo perdido.
Hubo otro caso en el que invitó al empleado de una automotora a formar parte de un negocio (un supermercado). Pese a que el trabajador no tenía dinero para invertir ni podía obtener un crédito, Giancola le sugirió que abriera una empresa unipersonal. Cuando lo hizo, lo conminó a solicitar préstamos en cuatro entidades financieras por un total de $ 699.000 y US$ 9.000.
“Valiéndose de la ingenuidad y desconocimiento de los negocios” por parte del empleado, explicó la Fiscalía, Giancola le pidió que dejara firmados cheques en blanco y utilizó los fondos para gastos personales: compró repuestos para su camioneta y muebles para su casa. Incluso llegó a alquilar una vivienda en El Pinar y puso como garantía la unipersonal del empleado. En total, el damnificado perdió $ 4 millones.
Se vieron afectados, también, comerciantes del rubro de la construcción (bloqueras y empresas dedicadas al comercio de portland), personas que por redes sociales quisieron alquilar o comprar inmuebles y profesionales de la publicidad y la cartelería, además de entidades bancarias y financieras. Fue denunciado por el Banco de Previsión Social (BPS), OCA y la Dirección General Impositiva (DGI).
El BPS se vio afectado porque Giancola abrió empresas, algunas de ellas a nombre de terceras personas —generalmente insolventes, como un hombre al que conoció en la cárcel y de quien consiguió los datos con la excusa de tramitarle una pensión— y se nombró a sí mismo y a parientes cercanos como socios. De esa manera, todos gozaban de los beneficios correspondientes a los trabajadores. Por ejemplo, su esposa cobró $ 103.000 por subsidio de maternidad. OCA, por otra parte, lo denunció por intentar pagar la tarjeta con cheques de cuentas suspendidas. En el caso de la DGI, el organismo recibió tres cheques por un valor que excede los $ 500.000, todos incobrables.
Por estos episodios y por su fuga, fue condenado este martes —tras haber celebrado un acuerdo abreviado— por los delitos de estafa, libramiento de cheques sin fondo y autoevasión. A pedido de la Fiscalía y con anuencia de su defensa, la jueza Silvia Urioste computó como agravante la reincidencia y como atenuante la admisión de los hechos. La pena acordada fue de dos años. A ese tiempo se le descuenta el período que pasó en prisión preventiva y se resta el tiempo que estuvo prófugo. La jueza hizo un cálculo rápido (el saldo final se calculará en un juzgado diferente, el de Ejecución) que indicaba que su pena estaría cumplida en los primeros meses de 2027.
Sin embargo, una vez que eso ocurra, deberá cumplir otra condena que tiene pendiente por matar. Fue en marzo de 2026 cuando fue sentenciado a siete años de cárcel por haber cometido un delito de homicidio y porte de arma de fuego. Cuando fue imputado en abril de 2025, la fiscal del caso había explicado que se lo investigaba por, presuntamente, haber matado a disparos a un hombre de 34 años que, según señaló un testigo, había intentado robarle en una panadería de su propiedad. El hecho ocurrió a pocos minutos de las 15:00 del 25 de diciembre de 2024, en el barrio Peñarol.