TARJETAS CORPORATIVAS EN LA MIRA JUDICIAL

Es el argumento principal de la defensa de Sendic; los documentos se perdieron en Ancap.

La audiencia por el caso Ancap duró diez minutos. La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, le preguntó a Raúl Sendic sus datos básicos. Sendic respondió que ganaba $ 150.000 por mes, tenía dos autos, estaba pagando su casa y que su educación es de nivel universitario.

Posteriormente, sus dos abogados, Gumer Pérez e Ignacio Durán, presentaron un escrito de 32 páginas con los descargos al pedido de procesamiento del fiscal especializado, Luis Pacheco contra Sendic por peculado (apropiación indebida de bienes y/o muebles del Estado) y abuso de funciones.

Es decir, la Fiscalía consideró que Sendic no usó correctamente las tarjetas corporativas de Ancap y actuó en forma arbitraria en los negocios de cancelación de deudas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La jueza Larrieu tendrá 45 días para fallar. Se descarta que el dictamen se haga público esta semana.

El escrito de la defensa, al que tuvo acceso El País, expresa que fue bajo la presidencia de Sendic en Ancap que se estableció por primera vez la reglamentación para el debido uso de las tarjetas corporativas, ya que hasta el momento se carecía de un procedimiento que regulara el uso de las mismas.

El procedimiento que se estableció permite que el resumen mensual de gastos de cada tarjeta llegue directamente al Área de Relaciones Institucionales de la empresa; de allí se traslada al contador delegado del Tribunal de Cuentas y luego al Área Económico Financiera del ente, que analiza en definitiva la pertinencia del informe y consulta al director antes de ingresarlo al sistema para el pago.

"El mecanismo es muy claro y a lo largo de todos los años en los cuales presidió Ancap, Sendic jamás recibió ninguna observación del delegado del Tribunal de Cuentas ni del Área Económico Financiera sobre las formas de proceder con su tarjeta corporativa", señala el escrito de Pérez y de Durán.

La defensa de Sendic recordó que, en octubre de 2017, el Directorio de Ancap resolvió decretar una investigación administrativa con el fin de determinar la existencia o no de responsabilidades en torno al archivo y conservación de los comprobantes de gastos efectuados por los directores a través del uso de las tarjetas corporativas.

Según el escrito, la prueba que "respalda los dichos de Sendic" no ha podido ser localizada hasta el momento en los archivos sistemáticos de Ancap y "no se han encontrado" hasta el momento los respectivos comprobantes de los gastos efectuados por los jerarcas.

Pérez y Durán pidieron a la jueza Larrieu que solicite informes a Ancap sobre el estado actual de la investigación administrativa y, en caso de que esta no haya concluido, "jamás podrán serle imputados" a Sendic los reiterados delitos de peculado, porque dicha situación vulnera el principio de inocencia.

En otro tramo del escrito, la defensa de Sendic insistió en que no se le puede atribuir al exvicepresidente de la República un delito de peculado cuando no se tiene la certeza, la convicción, de cómo y cuándo puede concluir la investigación administrativa de Ancap y cuáles serán las conclusiones de la misma.

En un comunicado emitido ayer sobre el uso de las tarjetas corporativas, Ancap informó que ha respondido hasta ahora todas las consultas recibidas dentro del proceso que se lleva a cabo en la Justicia Penal.

Ancap se excusa de realizar cualquier declaración que pueda interferir con dicho proceso, agrega el comunicado.

El fiscal Pacheco también solicitó el procesamiento de Sendic por abuso de funciones por entender que actuó en forma arbitraria en las renegociaciones de la deuda con Pdvsa y en los negocios de intermediación con la empresa holandesa Trafigura y con Petroecuador.

La defensa de Sendic sostiene que Ancap y el Estado uruguayo se ahorraron por lo menos US$ 300 millones en quitas en los negocios con Pdvsa. Y señaló que, aunque la operación era tratada de forma "reservada", contó con las "debidas resoluciones", que apoyaron "unánimemente" los pasos dados y la operación fue respaldada por informes de los servicios jurídicos y financieros de Ancap. Inclusive, señalan, el Parlamento aprobó una ley que autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar un contrato de préstamo para realizar la cancelación anticipada de la deuda con Pdvsa.

"Pretender atribuir algún tipo de reproche penal por la conducta desplegada de nuestro defendido es absolutamente desmedido y desproporcionado, vulneratorio además del principio de inocencia y podría significar un antecedente nefasto a la hora en que un director o cualquier tipo de funcionario público deba tomar una decisión", expresa el escrito.

Con respecto a los negocios con Trafigura y Petroecuador, Pérez y Durán argumentaron que quedó probado que el Directorio de Ancap no actuó en forma arbitraria porque el área jurídico-especializada de la empresa entendió expresamente que el negocio no era contrario a derecho.

El fiscal Pacheco cuestiona a Sendic por no haber llamado a licitación para contratar a Trafigura. La defensa replica: "La actividad (con Trafigura) realizada fue muy específica y desde el punto de vista práctico hubiera sido inviable hacer un llamado a precios competitivos. No solo importaba el fee (cuota) que recibiera Ancap que no fue despreciable como lo afirma el fiscal sino que la confiabilidad de las entregas y recepciones de crudo y derivados eran lo fundamental en el acto administrativo que se dictó".

El negocio con Trafigura y Petroecuador reportó una ganancia para Ancap de US$ 6 millones, agregó Pérez y Durán.

A la audiencia de ayer, también asistieron la abogada de Ancap, Fiorella Borgarello y la representante legal de Unidad Popular, María del Carmen Dávila.

A la salida de la audiencia, Sendic dijo que todos los gastos con las tarjetas corporativas de Ancap fueron justificados y estaban dentro del reglamento del ente. "Cada vez que la tarjeta fue utilizada para una compra por alguna necesidad de urgencia para el uso personal, hice los reintegros correspondientes", señaló Sendic en rueda de prensa. Agregó: "independientemente de la conclusión a la que llegue la jueza no voy a renunciar a la política (...) mi vida no va en función de los cargos".

La conducta del senador Leonardo De León (Lista 711), que está de licencia, fue cuestionada en un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al considerar que son insuficientes las explicaciones en 130 gastos que realizó con las tarjetas corporativas de ALUR por US$ 22.000.

Fuentes del Frente Amplio consultadas por El País indicaron que se esperará a que De León se presente voluntariamente ante el Tribunal de Conducta, tal como lo hizo el exvicepresidente Raúl Sendic. Si no toma este camino, hay grupos dentro del Frente Amplio dispuestos a estudiar la realización de un pedido formal al Tribunal de Ética de la coalición para que analice la conducta del senador. Incluso, el mismo Tribunal puede actuar de oficio o a pedido de las bases.

Uno de los que se mostró preocupado ayer fue el ministro de Economía Danilo Astori, quien dijo que "no puede ignorar" el informe de la Jutep sobre los gastos de De León. "Tomamos nota preocupados por el informe que hemos conocido, que es absolutamente preocupante", aseguró en entrevista con Informativo Sarandí. La próxima semana se analizará esta situación en las reuniones habituales del Consejo Político de Asamblea Uruguay.

Consultado por El País, De León prefirió no hacer declaraciones al respecto de su posible presentación ante el Tribunal de Conducta del oficialismo. Por su parte, fuentes de diferentes sectores coincidieron que el asunto podría ser conversado a nivel de la Mesa Política que se reunirá el viernes.

A su vez, el análisis de la Jutep sobre las compras con tarjetas que realizó De León se abordará en una reunión de la Liga Federal, sector que encabeza el diputado "rebelde" Darío Pérez, el próximo sábado en La Huella de Seregni. El legislador fue uno de los más críticos con Sendic y el primero en pedir su renuncia a la vicepresidencia luego de que se difundieran las compras realizas en viajes al exterior del país y dentro del territorio nacional.