JUSTICIA

Los asesinos aguardan en libertad la resolución de la Corte.

En el balneario San Luis todavía recuerdan el asesinato de Gerardo Barón ocurrido en 2017. No solo lo recuerdan por la frialdad con la que los rapiñeros lo mataron, sino porque consideran que existió inoperancia del sistema judicial. Los vecinos realizaron varias movilizaciones reclamando la prisión para los homicidas, los que fueron encarcelados en forma preventiva en una primera instancia y luego quedaron en libertad.

Ahora los dos homicidas acusados pueden terminar en la cárcel si prospera el pedido de la Fiscalía de Atlántida realizado ayer al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, integrado por los ministros Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo.

Según informó la Fiscalía de Atlántida, el fiscal Maximiliano Sosa pidió al Tribunal de Apelaciones que decrete la prisión de los dos acusados del crimen -un hombre y una mujer- hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El fiscal Sosa argumentó que podría haber riesgo de fuga y dada la gravedad del delito cometido: un homicidio muy especialmente agravado.
El crimen ocurrió a las 15:00 horas del 3 de noviembre de 2017. Gerardo Barón acompañaba a su cuñada a levantar la recaudación de la quinielas en locales del balneario canario.

Barón fue amenazado y encañonado por dos individuos. Uno de ellos le disparó a corta distancia. Las dos personas huyeron en una moto y fueron detenidos a unos tres kilómetros del lugar del crimen.

La entonces fiscal del caso, Darviña Viera, pidió el procesamiento para tres personas por homicidio especialmente agravado. El juez de Atlántida, Marcos Seijas, entendió que no había pruebas suficientes. Los acusados sufrieron una prisión preventiva de cuatro meses. El Tribunal de Apelaciones decretó la prisión revocando la decisión de Seijas. Pero los indagados continuaron libres porque sus abogados llevaron el caso a la Suprema Corte.

Uno de acusados, de iniciales L.J.A.F., volvió a matar y ahora está preso. La otra persona imputada del homicidio es una mujer, de iniciales R.A.M. Se sospecha que es la que organizó el sangriento atraco.

El abogado de la familia Barón, Óscar López Goldaracena consideró que un “vacío legal” permitió a los dos acusados quedar en libertad pese a tener un fallo en contra del Tribunal de Apelaciones.

El penalista pidió al Tribunal de Apelaciones que decrete la prisión preventiva para dos homicidas y que, en caso de no hacer lugar a su solicitud, que intime a la Fiscalía a hacerlo.

El Tribunal de Apelaciones contestó ayer a López Goldaracena señalando que, como la víctima no se había presentado en la primera instancia (juicio de Seijas), era inadmisible ser recibida en la etapa de la apelación. Y, por lo tanto, no hizo lugar al pedido del profesional.

Según López Goldaracena, la familia de la víctima no se presentó en el primer juicio porque le preguntó a la Fiscalía si era necesario contratar a un abogado y la respuesta que recibió fue negativa porque había pruebas suficientes como para remitir a la cárcel a los acusados del asesinato.

En lugar de la prisión para los dos homicidas, la Fiscalía solicitó el cierre de fronteras para los indagados. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones tampoco hizo lugar a ese pedido por considerar que las medidas cautelares cesaron cuando el juez Seijas dispuso la absolución de los acusados.

En tres días, López Goldaracena pedirá al Tribunal de Apelaciones que se expida sobre las razones que lo llevaron a no actuar de oficio y solicitar la prisión preventiva de imputados.