JUSTICIA

Otro integrante de la banda mató otra vez y está preso por eso.

El crimen de Gustavo Barón estremeció al balneario San Luis y enfrentó al Ministerio del Interior y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El 3 de noviembre de 2017, Barón fue ultimado en un intento de rapiña a un comercio ubicado en ese balneario de Canelones.

La fiscal Darviña Viera pidió 28 años de prisión para dos hombres y una mujer. El juez de Atlántida, Marcos Seijas, absolvió a los imputados porque faltaban “certezas para condenar” y agregó que los indicios esgrimidos por la Fiscalía “se ven desvirtuados” por “otros medios probatorios como la prueba pericial relevada”.

La decisión del juez Seijas generó un choque entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. “Creo que se equivocó y no me importa decirlo. El problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno. Dejaron libre a un homicida y después siguió matando. Esas personas tendrían que haber ido presas. Si seguimos así las cosas no andan. O entramos a caminar juntos jueces, fiscales y policías, o esto no funciona”, afirmó el ministro Eduardo Bonomi el 15 de junio de 2018.

La fiscal Viera apeló. El abogado de la familia Barón, Oscar López Goldaracena aportó pruebas. El Tribunal de Apelaciones condenó a dos individuos a 22 años de prisión. La mujer fue declarada inocente. Los dos sujetos estuvieron seis meses presos por el crimen de Barón. Uno de ellos fue liberado cuando abogados de los homicidas llevaron el caso a estudio de la Suprema Corte. “Mientras la Corte decide, los acusados están en libertad aunque uno de ellos está preso por otro crimen. Hay un vacío legal del Código del Proceso Penal (CPP)”, dijo López Goldaracena.

El lunes 18, el penalista presentó un escrito en el Tribunal de Apelaciones pidiendo que éste actúe oficio, llene el vacío legal utilizando normas de integración del Derecho y decrete la prisión de los dos asesinos. “Al condenarlos el Tribunal de Apelaciones, cesó la libertad provisoria y deberían haber ido presos por la muerte de Barón”, insistió el profesional.

López Goldaracena dijo que se comunicó ayer con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y éste le señaló que era procedente la prisión preventiva de los individuos mientras se aguarda la resolución de la Corte. Y agregó: “Las razones de la prisión preventiva es por peligro de fuga y riesgo para la sociedad. También se mide por la peligrosidad del delito. En este caso fueron condenados a 22 años de penitenciaría. Es absurdo que estén libres hasta que salga la casación. Se debe reformar el CPP”.