Caso Fosvoc: surgen pruebas que apuntan a que estafa podría haber comenzado en 2018

Redacción El País
Nuevas pruebas surgidas en la investigación interna que se lleva adelante en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) apuntan a que las maniobras que en 2024 permitieron el retiro ilegal de millonarias sumas de dinero podrían haber comenzado en 2018 mediante el desvío de fondos que debieron ser destinados para ayudar a trabajadores que atravesaban momentos difíciles. De comprobarse, el monto de la estafa podría multiplicarse e involucrar a más personas.

Días atrás la Auditoría Interna del Fosvoc que intenta determinar el verdadero alcance de la estafa entregó a Fiscalía de Delitos Económicos pruebas para que se investiguen retiros de dinero registrados desde 2018 y que, presumiblemente, no llegaron al destino para el que fueron aprobados. La nueva documentación aportada al fiscal Gilberto Rodríguez involucra a más personas; entre ellos, al diputado del Partido Comunista Daniel Diverio.

El Fosvoc, que fue creado para ayudar a trabajadores de la industria de la construcción para adquirir o refaccionar su vivienda, y que se nutre con aportes obreros y empresas del sector, solía aprobar ayudas especiales para atender casos muy puntuales de trabajadores que atravesaban situaciones difíciles como, por ejemplo, el incendio de su vivienda.

En un período que comienza en 2018, la auditoría detectó más de una docena de cartas firmadas por Diverio en las que solicita dinero bajo el rubro de ayudas especiales para atender situaciones particulares. Esas ayudas fueron aprobadas por la comisión honoraria y bipartita integrada por representantes del sector empresarial y del sector de los trabajadores. No obstante, la auditoría detectó que una buena parte de esos cheques fueron cobrados por el dirigente del Sunca Bruno Bertolio, procesado en un juicio abreviado el pasado 12 de junio junto a Santiago Bernaola y Víctor Rivero por el retiro de más de un millón de dólares mediante 193 transferencias ilícitas entre febrero y diciembre de 2024.

Se solicitó a Fiscalía que investigue si ese dinero que pidió Diverio y cobró Bertolio llegó al bolsillo de los trabajadores para los que se pidió la ayuda especial o tuvo otro destino.

Existe la presunción de que esa pudo ser otra de las maniobras para apropiarse de los fondos del Fosvoc, ya que en las maniobras de 2024 también fueron invocados beneficiarios de transferencias que ni siquiera existían o habían sido inventados para “blanquear” las salidas de dinero. En otros, préstamos otorgados a trabajadores fueron desviados en efectivo tras retirar el dinero de las cuentas y entregarlo a otros actores. También se detectaron compras de inmuebles y vehículos a nombre de testaferros.

A Bertolio y los otros dos dirigentes mencionados ya se les atribuyó el delito de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado con penas que superan los dos años de prisión. El fiscal Rodríguez comprobó que estaban involucrados en una “cadena delictiva organizada” y que compraron bienes inmuebles y vehículos con el dinero indebidamente apropiado.

Los imputados se han defendido ante la Justicia señalando que cumplían órdenes provenientes de dirigentes del Sunca y el Partido Comunista, y mencionaron, entre otros, a Diverio. Según su declaración, parte de ese dinero era destinado para financiar la actividad política del PCU. Diverio y el senador Oscar Andrade, entre otros dirigentes comunistas, han negado las acusaciones. Andrade incluso los llamó “puñado de lúmpenes” y descartó que exista alguna prueba que vincule al PCU con los hechos denunciados. Pero el propio fiscal Rodríguez sostuvo públicamente tras las condenas que las pruebas reunidas muestran que “de manera bastante sólida” parte del dinero sustraído fue destinado a financiar actividades del Sunca y del Partido Comunista.

Por otra parte, fuentes del caso indicaron que Stella Rey, la empleada del Fosvoc que se desempeñaba como “jefa del departamento” y realizó las 193 transferencias fraudulentas, habría ofrecido entregar parte del dinero estafado como forma de atenuar la pena en un juicio abreviado. Las fuentes señalaron que desconocen si el dinero ofrecido está en su poder y le será acercado a modo de ayuda por allegados dado que su situación judicial es muy comprometida.

Quedan al menos 12 personas indagadas, y la Fiscalía continúa con la investigación por lavado de activos, incorporando análisis bancarios y seguimiento de bienes adquiridos. Se valorarán futuras citaciones, incluyendo a Andrade y Diverio, a medida que se fortalezcan o desestimen las hipótesis sobre financiamiento político. Ambos legisladores han señalado que están dispuestos a declarar. “Encantado de ir citado… no va a haber aunque sea medio gramo de prueba de que tenga algo que ver con esta matufia”, dijo Andrade a TV Ciudad

En agosto se producirá una nueva ronda de citaciones que alcanzarán a la secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, Laura Alberti, señalada por varios de los imputados como pieza central de la logística financiera. De Alberti, se señala que coordinaba aspectos administrativos y financieros que habrían facilitado el desvío de los fondos. Ya fue indagada por la Fiscalía y su situación jurídica se analizará a la luz de los nuevos elementos.

En tanto, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) prosigue con su investigación paralela para determinar si el Sunca y el PCU incurrieron en infracciones a las normas de prevención de lavado de dinero, dada la sospecha de que recibieron fondos de origen ilícito.

La Senaclaft pidió información contable a ambas organizaciones para verificar si cumplieron con los controles correspondientes y si los fondos figuran en sus balances. De confirmarse desvíos, podrían enfrentar sanciones administrativas además de las consecuencias penales.

El Fosvoc es administrado por una comisión integrada por los representantes del Sunca y empresarios del sector. Es financiado con el aporte del 0,025% del salario de los trabajadores y un importe de monto similar de la patronal. Representantes del Sunca y de la Cámara Uruguaya de la Construcción fueron quienes en enero de este año denunciaron penalmente el faltante de US$ 900.000 de la caja del fondo, lo que dio inicio a esta investigación. La maniobra de desvío de fondos fue advertida por una funcionaria que suplió a Stella Rey mientras esta viajó para someterse a una operación. Según se desprendió de la investigación, Rey, quien era la encargada de pagar los sueldos, tenía acceso irrestricto a la cuenta de EBrou de Fosvoc, y realizó tranferencias irregulares por un valor de $ 35.627.581 y US$ 17.500. Esa fue una de las tres maniobras fraudulentas de desvío de dinero que se detectaron.

En el marco de esta causa, hace poco menos de un mes el comité ejecutivo nacional del Sunca emitió en un comunicado en el que informaba la decisión de aplicar sanciones disciplinarias “a todas y todos aquellos trabajadores de la construcción que se vieran vinculados a las irregularidades sucedidas en el Foscov”. En el mismo comunicado la gremial informó la expulsión de Nicolás Mañana, el décimo trabajador vinculado al caso. El Sunca explicó que “la causa de la expulsión se vincula a maniobras con dineros pertenecientes a un fondo social de los trabajadores de la construcción”. Lo mismo se hizo con el resto.

Gilberto Rodríguez, fiscal a cargo del caso, expresó en rueda de prensa que estudia la teoría de que el dinero deviado del Fosvoc iba a mantener la estructura del Sunca y del Partido Comunista. Esa teoría fue criticada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien sostuvo: “Se dicen públicamente algunas cosas que después es difícil tener que andar aclarando. Hay que ser más cuidadosos y prudentes en el manejo de las afirmaciones que se hacen”.