Tras las tres condenas y la polémica que generó los vínculos reportados por el fiscal al Partido Comunista y al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), la estafa al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) sigue sumando capítulos. Este miércoles declaró Stella Rey, la funcionaria que, según Fiscalía, realizó 193 transferencias irregulares y a quien se le pedirá su imputación la semana que viene. Ante ello, Rey negocia con su defensa la posibilidad de un acuerdo abreviado, reconstruyó El País con fuentes al tanto de la investigación.

Es probable que la audiencia se fije para luego de la feria judicial (se extenderá del 1 al 15 de julio). A su vez, alrededor de 10 personas que están bajo la lupa de la Policía fueron citadas el próximo miércoles a Fiscalía, donde se las informará sobre su situación. Se trata de personas vinculadas al fondo que se hicieron del dinero de las transferencias, retiros o que, de alguna forma tuvieron participación en la maniobra, estiman los encargados de la causa.

En el caso de Rey, la fiscal adscripta Gabriela Gómez dijo en una audiencia judicial que presenció El Paísque ella era la encargada de pagar los sueldos, pero no debía realizar ningún otro tipo de pagos. Sin embargo, tenía acceso irrestricto a la cuenta de EBrou del fondo desde la que hizo 193 transferencias irregulares por un valor total de $ 35.627.581 y US$ 17.500.

En la declaración que brindó este jueves ante la Fiscalía, ratificó lo que había dicho anteriormente asegurando que esas transferencias —que tuvieron más de una decena de destinatarios— las hacía a pedido de Bruno Bertolio, uno de los condenados en la causa. Bertolio, por su parte, negó eso y afirmó que él actuó a pedido de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y el Partido Comunista.

Luego de la semana que viene —en la que se reunirán los 10 investigados y se pedirá la formalización de Rey—, la causa inevitablemente se enlentecerá. Los primeros 15 días de julio habrá feria judicial y, luego, la Fiscalía que investiga el caso deberá enfocar la mayoría de sus esfuerzos en el juicio contra el expresidente de Casa de Galicia.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

La teoría de la Fiscalía que encabeza Gilberto Rodríguez es que el dinero que se desvío de Fosvoc —entre las tres maniobras que detectaron, estiman más de un millón de dólares— iba a mantener la estructura del Sunca y el Partido Comunista. Así lo dijo en una rueda de prensa a la salida del juzgado la semana pasada, tras la condena de Bertolio, Víctor Rivero y Santiago Bernaola, tres sindicalistas.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, criticó los dichos del fiscal. "Se dicen públicamente algunas cosas que después es difícil tener que andar aclarando. Hay que ser más cuidadosos y prudentes en el manejo de las afirmaciones que se hacen", expresó.

Según supo El País, el vínculo entre la estafa en Fosvoc y el Partido Comunista no surge únicamente de las declaraciones de los condenados, sino de otras varias declaraciones de personas investigadas por la maniobra . Además, la Fiscalía trabaja en verificar si hay documentación que respalde esos dichos, aunque la mayoría de los declarantes afirmaron que los desvíos se daban a través de dinero que se retiraba en efectivo.

La fiscal adscripta Gómez, en la audiencia del jueves pasado, dijo: “Sabemos la limitación que tenemos para la consideración de las declaraciones de los imputados. Sin embargo es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del Partido Comunista”.

Los condenados, mencionaron en sus declaraciones a los exdirigentes sindicales Óscar Andrade y Daniel Diverio, ahora senador y diputado respectivamente. El fiscal Rodríguez dijo en rueda de prensa que evaluaba citarlos y que, si eventualmente lo hacía, los convocaría en calidad de imputados.

Los abogados de Andrade y Diverio, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, pidieron acceso a la carpeta fiscal y presentaron un escrito solicitando que se les aclare cuál es su situación. La Fiscalía contestó, vía correo electrónico, que por el momento los legisladores no están involucrados en la causa y que si en el futuro lo estuvieran, se los comunicarán inmediatamente.

Según supo El País, la Fiscalía buscará investigar si los dichos de los condenados tienen asidero o no, antes de citarlos.