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Cae primer juicio por culpa de policías corruptos de Zona IV

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Jefatura de Zona Operacional IV en Montevideo. Foto: El País.

JUDICIALES

Se trata de un asalto que ocurrió en agosto de 2018; ahora la Corte enfrenta reclamo y pide citar a la Fiscalía.

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El 9 de agosto de 2018, en horas del mediodía, cinco personas arriban a un local de cobranzas del barrio Reus en un Nissan modelo Sunny que había sido hurtado el día anterior. Bajan del auto fuertemente armados con escopeta, pistolas, revólveres, un marrón y un hacha. Efectúan disparos y golpean el vidrio blindado del local. Al llegar un móvil policial, la rapiña se frustra. Dos delincuentes huyen en el Nissan Sunny y cubren su huida a tiros. Son detenidos en un asentamiento por policías de la Zona IV (Cerro, La Teja y barrios cercanos).

Uno de los capturados, Ángel R., que carecía de antecedentes penales, es imputado por el fiscal Fernando Romano de ser el autor de los delitos de asociación para delinquir, tentativa de rapiña especialmente agravada, receptación y atentado (tirotearse con la Policía). La Fiscalía pidió una pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría para los investigados.

El 11 y 16 de agosto de 2018, a pedido de Romano, la Justicia dispuso el inicio del proceso penal contra Ángel R. y Leandro A. por el asalto al local de cobranzas y estableció una pena preventiva de prisión.

Nueve meses más tarde, Romano pidió el sobreseimiento de ambos imputados por considerar que no logró reunir la prueba necesaria contra ellos y advirtió que dos funcionarios policiales de Zona IV que los detuvieron eran investigados por la fiscal de Rosario Ana Roses por casos de corrupción.

El fiscal Romano sostuvo que, con la detención y el inicio del proceso penal contra los policías de Zona IV, toda la evidencia reunida “se desvanece” para obtener un fallo condenatorio, ya que probanzas de especial relevancia han cedido ante los hechos de pública notoriedad ocurridos en la Fiscalía de Rosario y genera “la desacreditación de testigos esenciales” como “lo eran los funcionarios policiales nombrados”.

Romano se lamentó, en su escrito, de que la participación de los efectivos investigados hace caer plenamente la certeza generando un “camino de incertidumbre y desconfianza” sembrado por la participación de estos funcionarios policiales en hechos “delictivos de extrema gravedad”.

Ángel R. y Leandro A. fueron liberados.

Santiago Alonso, abogado de Ángel R., dijo a El País: “A raíz de las formalizaciones de policías imputados de corrupción, este es el primer caso donde la Fiscalía tuvo que pedir el sobreseimiento de dos personas. Es decir, la conducta de los policías investigados por infieles le hizo a la Fiscalía perder un juicio” penal.

Patrulleros de la Policía de Montevideo. Foto: archivo El País.
Patrulleros de la Policía de Montevideo. Foto: archivo El País.

El 2 de agosto de ese año, Alonso pidió una audiencia de conciliación contra el Poder Judicial en el marco de una reparación por la prisión indebida que sufrió Ángel R., la que duró 294 días. La prisión indebida surge por el pedido de sobreseimiento realizado por Romano, señaló el profesional en su escrito. Reclamó al Poder Judicial el pago de una indemnización de $ 600.000 por la privación de libertad indebida y el daño moral sufrido por su cliente.

Seis días después de pedir la audiencia de conciliación, Ángel R. fue asesinado. Su madre, patrocinada por Alonso, inició la demanda civil contra el Poder Judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con el argumento de que era la única heredera de Ángel R.

En el escrito, Alonso citó el artículo 4 de la ley 15.959 que establece en forma específica la responsabilidad objetiva del Estado por prisión indebida, como es el caso de Ángel R.

Antes de la aplicación del Código de Proceso Penal el 30 de noviembre de 2017, el Poder Judicial asumía la responsabilidad directa ante los reclamos por prisión indebida y solo discutía los montos a pagar. Sin embargo, en un escrito, la Suprema Corte entendió que en el caso de Ángel R. la Fiscalía también era responsable y pidió su citación. Y es posible que la Fiscalía pida la citación del Ministerio del Interior.

Preocupación en el gremio de fiscales

La acción de repetición directa contra los fiscales por errores es un tema que preocupa y está en la agenda del gremio, dijo a El País el secretario general de la asociación, William Rosa. La gremial pretende que los eventuales damnificados demanden primero a la Administración y luego a los fiscales. Rosa señaló que la asociación sugerirá cambios legislativos en la materia.

Corte: “La Fiscalía debe ser demandada”

La Suprema Corte de Justicia presentó un escrito en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno solicitando el emplazamiento de la Fiscalía General de la Nación por entender que es responsable de la prisión indebida de 10 meses sufrida por Ángel R.

El documento sostiene que, de acuerdo al nuevo Código de Proceso Penal, en la etapa de inicio de la investigación formal el juez puede decretar la prisión preventiva solamente a solicitud del fiscal. Agrega que el rol del juez en la etapa de formalización del proceso es garantista y este no tiene acceso a la carpeta investigativa.

“La solicitud del emplazamiento del tercero Ministerio Público se funda en que el mismo lleva adelante la pretensión punitiva y, particularmente, la petición de la imposición de la medida cautelar fundada en las evidencias que dice poseer, a las que el magistrado tiene impedimento legal de acceso”, dice la Corte. Por lo tanto, agrega, la Fiscalía General de la Nación “puede y debe ser el demandado principal en el presente proceso”. Y exculpa al juez del caso recordando que fue el fiscal quien solicitó la imposición de la prisión preventiva a Ángel R. y también fue el que pidió el sobreseimiento del joven.

Un asalto violento y persecución de película

En la noche del 8 de agosto de 2018, delincuentes hurtaron un Nissan Sunny en Domingo Aramburú y Marcelino Sosa (Barrio Reus). El auto fue utilizado en un violento atraco efectuado al día siguiente contra un local de cobranzas ubicado en Avenida Garzón y Manuel Pintos Cardeiro (barrio Colón).

Según un documento del fiscal del caso (Fernando Romano), cinco delincuentes fuertemente armados no pudieron concretar una rapiña contra el comercio por la presencia de un móvil policial que patrullaba la zona.

Se produjo un intercambio de disparos entre los policías y delincuentes que estaban en el exterior del local de cobranzas, lo que generó que los otros rapiñeros que se encontraban en el interior del local huyeran frustrándose el asalto. La Fiscalía entendió que Ángel R. y Leandro A. escaparon del lugar en el Nissan Sunny tras atropellar en la fuga a una Volkswagen modelo Combi.

Al verse perseguidos por el móvil policial, los delincuentes dispararon contra los efectivos y arrojaron grampas “miguelitos” provocando la detención del patrullero. Otro móvil, alertado por la radio de la Policía, comenzó a perseguirlos y también fue neutralizado por los “miguelitos”. Poco después, el Nissan quedó empantanado. Con las ruedas pinchadas, el móvil llegó al lugar. Los dos rapiñeros fueron detenidos en un rancho cercano.

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