SISTEMA JUDICIAL
Existe una carga ideológica que abre una “grieta” entre el “Código Penal patriarcal” de 1934 y la novel legislación impulsada por los “emergentes grupos de acción feministas” del siglo XXI.
El viernes 21, la “Operación Océano” se consolidó como la mayor investigación penal de la historia sobre explotación sexual de mujeres adolescentes.
Ocho hombres fueron procesados ese día por el delito de promesa de retribución o retribución económica o de otra naturaleza a menores de edad a cambio de que ejecuten actos eróticos elevando la suma de imputados a 32.
Son investigados por realizar intercambios con una entonces menor de edad, según revelan los chats que los hoy investigados mantuvieron con la menor.
Otras 17 adolescentes se acercaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales a presentar testimonios contra otros individuos.
A juicio de la fiscal del caso, Darviña Viera, la asimetría entre los imputados y la menor entonces de 17 años es evidente. La iban a buscar en autos de alta gama, la llevaban a casas en Carrasco y en Punta del Este y a restaurantes, consta en la carpeta investigativa según señalaron fuentes del caso.
La principal damnificada declaró en la Fiscalía que generalmente iba con una amiga a los encuentros con adultos. “Lo hacíamos por seguridad, por miedo”, explicó.
El abogado penalista Gumer Pérez se especializó en víctimas. A pedido de sus clientes, elaboró un estudio titulado “Los abusos sexuales, ontología de víctimas y victimarios en el Derecho Penal del Siglo XXI. La nueva normalidad”.
El documento dice que los abusos sexuales tienen hoy por hoy un triple enfoque o una perspectiva en tres planos dimensionales: desde la óptica de la víctima, desde la óptica de la Fiscalía y desde la posición del indagado y su defensa.
Pérez sostiene que el sistema penal uruguayo ha reconocido últimamente el “aggiornamento” de la doctrina y jurisprudencia internacional, producto de una mayor visualización desde la perspectiva de género, particularmente en la creación de nuevos tipos penales en la legislación.
La irrupción en Uruguay de la Ley Nº 19.580, conocida como “Ley de Violencia hacia las mujeres basada en género”, puso en los estrados judiciales y sobre los escritorios de operadores del Derecho, un nuevo sujeto hasta ahora relegado: la víctima.
Según el profesional, el “nuevo relato” sostiene y visibiliza a este novel actor jurídico dándole rostro, voz y hasta facultades probatorias en el proceso acusatorio vigente a partir del 1 de noviembre de 2017 con la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP).
“Una sociedad patriarcal en decadencia develó la otra cara de la moneda: el feminismo y la lucha de las mujeres basada en su género, precisamente”, dice el informe.
Pérez puso como ejemplo a la legislación española que supera la visión penal y pretende cubrir el amplio abanico de derechos afectados de las mujeres siempre referido en el ámbito de la pareja, expareja, acompañante circunstancial o familiar. Algo similar ocurrió en Uruguay con la Ley de Género.
Ahora, la ley en Uruguay agregó otro delito, el relativo al uso de tecnología para contactarse con una persona menor con el propósito de realizar actos con “connotaciones sexuales”. Ello consta en el artículo 277 bis del Código Penal.
Así las cosas, dice el documento, hoy existe una carga ideológica que abre una “grieta” entre el “Código Penal patriarcal” de 1934 y la novel legislación impulsada por los “emergentes grupos de acción feministas” del siglo XXI.
Reducir daño a través de leyes
A juicio del abogado Gumer Pérez, el derecho penal, protector de los derechos humanos, no podría estar ajeno a los “nuevos aires jurídicos” relativos a la protección de los derechos de la mujer. Por ello, dice, en las últimas décadas han tenido expansión en el Derecho comparado las leyes integrales relativas a la violencia de género. En este contexto advierte dos formas de enfocar el tema: desde la integralidad del conjunto normativo y desde la fractura del tejido social, cuya cara visible es la víctima. Y agrega que desde el Estado se busca reducir o prevenir los daños en diferentes planos, ya sean estos sociales, familiares, laborales, sanitarios y penales, a través de leyes.
Audiencias sacudieron Carrasco y Punta
Las audiencias judiciales sacudieron el mundo empresarial y comercial del país: personas insospechadas están involucradas con explotación sexual de adolescentes. La investigación se transformó en un terremoto que sacudió hogares como si fueran hojas al viento en los barrios Carrasco, Punta Carretas, Pocitos y Malvín. El sismo también movió Punta del Este y la “city” montevideana. El 13 de mayo de 2020, la fiscal Darviña Viera dijo a la jueza Adriana de los Santos que iba a solicitar la formalización de la investigación para seis personas. En la audiencia realizada en el juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez, Viera relató que la “Operación Océano” se inició con la denuncia por abuso sexual contra una persona que reside en Maldonado conocido como “el Paraguayo”. El 28 de noviembre de 2019, se estableció que “el Paraguayo” se vinculó con una adolescente y con una mujer mayor de edad. Esta última declaró que “el Paraguayo” había abusado de la adolescente. A su vez, el hombre acusado presentó una denuncia contra la mujer por difamación e injurias. Las pericias a los celulares de la denunciante y el denunciado abrió una “Caja de Pandora”, cuyos efectos penales culminarán en dos años. Por ahora los imputados son 32, hay prófugos y la investigación continúa y no se descarta que haya más indagados.
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