Los funcionarios del Poder Judicial resolvieron ayer dejar en suspenso las medidas de lucha en reclamo de mejoras salariales luego de recibir señales positivas del Poder Ejecutivo a sus planteos.
El interés de los trabajadores pasa por concretar aumentos diferenciales que mitiguen las inequidades salariales en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo cual no estaba contemplado en el borrador de la Corporación, ya que en ese documento se propuso un incremento del 23,5 %, tanto para profesionales como para administrativos.
La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) aprobó ayer facultar al consejo directivo del sindicato para que adopte medidas de fuerza en caso de que las negociaciones con el gobierno no fructifiquen. Eventualmente se podrían reactivar los paros sorpresivos que se aplicaron en las últimas semanas, dijo a El País el secretario general de AFJU, Sergio Núñez.
La posibilidad de ocupar dependencias judiciales tampoco está descartada, pero antes se convocará a una nueva asamblea para definir los detalles organizativos.
Si bien las medidas están "abiertas" quedaron por el momento en "stand by", resumió Núñez. De todas formas, AFJU se plegará al paro general parcial que aplicará hoy el Pit-Cnt de 9 a 13 horas.
El sindicato valoró positivamente la postura del Ministerio de Economía (MEF) cuya intención es mandar un mensaje presupuestal para el Poder Judicial que contemple el crecimiento de los créditos presupuestales, mientras que el Parlamento sería quien decida "el destino de esos créditos", según informó el MEF a los trabajadores, días atrás. Además, el Ejecutivo no aprobaría la propuesta de aumento general, tal como lo planteó la SCJ en su borrador. Estas coincidencias permiten distender la posibilidad de conflicto aún cuando todavía resta definir el porcentaje que se destinará para el presupuesto del Poder Judicial.
Mientras, AFJU continuará realizando contactos con legisladores para fortalecer su posición en la negociación. Así, el gremio de judiciales reunirá hoy con la senadora del MPP, Lucía Topolansky.
protocolo. En tanto, el Colegio de Abogados del Uruguay aprobó el lunes un protocolo de actuación que establece el procedimiento a seguir por parte de los profesionales cuando vean afectada su labor por medidas gremiales.
Allí se sugiere que "en casos de real urgencia" y ante la imposibilidad de presentar escritos por ausencia de funcionarios, actuario o juez, se adopten "medidas tendientes a comprobar estos hechos y evitar dificultades para los profesionales y sus clientes".
A tales efectos, el Colegio de Abogados realizó un llamado a escribanos públicos para la realización de actas de constatación que refieran al funcionamiento de las oficinas judiciales durante el conflicto. La recomendación se hace extensiva a los abogados del interior de forma individual o a través de los colegios locales.
La institución "obrará únicamente como nexo entre sus asociados y los escribanos que tengan interés" en el llamado, dice el Colegio en un comunicado.
En la nota, el Colegio de Abogados "exhorta a sus asociados a que colaboren comunicando cualquier irregularidad en el funcionamiento de las oficinas de tribunales y acercándose a la propuesta de soluciones".