EDUARDO BARRENECHE
La discusión sobre los impuestos a los ingresos no es nueva. Tampoco cambiaron los actores políticos. El Frente Amplio cuestionó el IRP que aplicaron blancos y colorados y hoy defiende el IRPF, que es criticado por la oposición.
El Impuesto a las Retribuciones Personales o "impuesto a los sueldos" fue creado en 1960 por el gobierno blanco y derogado en 1974 por el presidente colorado Juan María Bordaberry. En 1982 la dictadura militar emitió el decreto-ley 15.294 y volvió a imponerlo hasta el fin del período de facto.
El gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle lo implantó otra vez. El tributo fue mantenido durante la segunda administración de Julio María Sanguinetti y ampliado durante la gestión de Jorge Batlle ante la crisis económica que afectó el país durante su mandato. Los tres mandatarios destacaban la transitoriedad del tributo que duró 15 años.
Al igual que la discusión jurídica existente en este momento, la Suprema Corte de Justicia también debió pronunciarse en 1997 sobre la constitucionalidad o no del IRP a los pasivos. Ello ocurrió durante el segundo mandato de Sanguinetti y los recursos fueron respaldados políticamente por la izquierda. La Corte falló a favor de la constitucionalidad del gravamen. Pero la jurisprudencia tiene en Uruguay un valor relativo, menor.
Hoy el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los pasivos -aprobado por el gobierno frentista- pasa por momentos cruciales: mañana el ministro Hipólito Rodríguez Caorsi presentará un proyecto de sentencia que declarará inconstitucional ese tributo que será aprobado 3 a 2 por el máximo tribunal que puede, además, aplicar la "decisión anticipada" y producir medio centenar de fallos idénticos para acciones de inconstitucionalidad que se basan en los mismos argumentos. La situación se torna en un serio brete al gobierno y en sus filas comienza a considerarse la reimplantación del antes criticado IRP. También en política lo afirmado en determinada coyuntura del pasado no condiciona a la coyuntura presente si se cambió de lado en el mostrador.
DESIGUAL. En junio del 2002, las tasas del IRP tuvieron una importante alza. Llegó alcanzar valores de hasta un 20% de los ingresos de los trabajadores o jubilados. Recién en mayo del 2004 la tasa volvió a bajar.
El enfrentamiento entre los partidos tradicionales -que habían forjado una coalición de gobierno- y el Frente Amplio por el IRP fue durísimo en esos años. El 24 de septiembre del 2003, el entonces presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez señalaba en su audición en la Radio CX 36 Centenario que, "en materia fiscal, este gobierno y la coalición que lo sostiene no son confiables y no lo son por varias razones, entre ellas porque no cumplieron lo que asumieron como compromiso" antes del balotaje. "(…) Si algo tiene la política tributaria (de Batlle) es que es absolutamente injusta: paga mucho más quien menos tiene y pagan mucho menos quienes más tienen", dijo el entonces presidente de la coalición de izquierdas.
En ese mismo año, un documento del Grupo Claveles Rojos, que integra el Movimiento de Participación Popular (MPP), resume los argumentos de la izquierda contra el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP).
Según el informe, ese tributo "no grava" el ingreso de todos los ciudadanos sino solamente a los trabajadores y jubilados; quedan "afuera" de la cobertura del impuesto aquellos uruguayos que perciben ingresos por cualquier otro concepto; el IRP castiga a los más humildes en beneficio de los más pudientes y los empresarios pagan solo una parte de sus impuestos ya que el IVA de sus compras lo ponen a nombre de su empresa y luego lo descuentan en sus liquidaciones a la DGI.
AQUELLOS POLVOS. Los gobiernos blancos y colorados que precedieron a la administración frenteamplista aplicaron el IRP por razones disímiles. El ex presidente Lacalle puede decir que utilizó ese tributo para superar el déficit fiscal heredado de su antecesor. En tanto que Batlle puede argumentar que, durante su gestión, enfrentó una crisis económica sin precedentes en la historia del país.
El senador forista, Julio María Sanguinetti anunció que, luego de Semana Santa, presentará un proyecto de ley para derogar el IRPF a los pasivos.
En 1989, el Frente Amplio otorgó un fuerte respaldo a las organizaciones de pasivos que promovieron y lograron en las elecciones de ese año un sistema de ajustes de las pasividades en función del Índice Medio de Salarios (IMS). Aquel blindaje a las pasividades que quedó estampado en la Constitución es hoy uno de los principales argumentos contra el IRPF en las acciones de inconstitucionalidad que se dirimen ante la Corte.
Sanguinetti sostiene que en Uruguay, país de clase media, hay poco capital y muy poca renta. "Entonces (el IRPF) se transforma, simplemente, en un impuesto a los sueldos y a las jubilaciones, lo que es muy injusto", dijo.
Durante la crisis "se aplicó un impuesto así, pero siempre dijimos que era malo y que sacaríamos los adicionales en cuanto pudiéramos y así se hizo", recordó el ex mandatario. "Cómo está planteado (el impuesto), mejora a los ricos, empezando por los bancos, deja igual a los pobres y golpea severamente a la clase media", agregó.
La polvareda de aquellos debates político-tributarios torna hoy barrosa la cancha de la discusión.
Los cuestionamientos técnicos contra el hoy derogado IRP
Jerónimo Roca, experto tributario, consultor internacional y uno de los autores de la reforma tributaria no se cansa de defender el IRPF, también aplicable a las pasividades, y en señalar las bondades del nuevo sistema tributario en contraposición a sucesión de "parches" de la historia fiscal uruguaya. En respuesta a una consulta de El País, Roca señaló diversas fallas e inequidades del IRP que hoy vuelve a la palestra. Así destacó:
- Era incompleto, gravaba salarios y jubilaciones pero no gravaba otras rentas, en particular, las obtenidas por profesionales y las rentas pasivas del capital (intereses, dividendos, alquileres, ganancias de capital), en violación flagrante del principio de equidad horizontal.
- Dos asalariados, uno con trabajo full time y otro con doble empleo podían tener, a igual ingreso, distinta carga tributaria: otra inequidad horizontal.
- No gravar las rentas del capital (intereses, dividendos, alquileres, ganancias de capital) era una violación de la equidad vertical (pagar de acuerdo a la capacidad contributiva), porque quienes las perciben son los estratos de mayores ingresos.
- El IRP gravaba los ingresos y los aportes previsionales, en clara doble imposición.
- El que no se graven determinadas rentas, genera posibilidades de reducir la carga tributaria. Como el IRP no grava los honorarios profesionales, las empresas abusan en la contratación de estos. Como los intereses, y en particular los remitidos al exterior no están gravados, las empresas multinacionales disfrazan sus dividendos como pago de intereses a las casas matrices (deducibles en el IRIC).