Indagatoria judicial no podrá exceder el año

La Suprema Corte de Justicia dispuso que los presumarios —etapa del proceso en la que se indaga a una persona y que concluye con el procesamiento o archivo de la causa— tengan una duración de un año. En caso de exceder ese plazo los jueces tendrán que elevar un informe a la corporación informando los motivos de la demora.

Si la Corte considera que las causas por las cuales el juez justifica el atraso no conforman, "el juez quedará impedido para seguir conociendo en las actuaciones y deberá pasar los antecedentes al subrogante".

La resolución afirma que "la declaración de la Suprema Corte de Justicia se anotará en la foja de servicios del magistrado afectado y será tenida en cuenta en oportunidad de su eventual traslado o ascenso".

La disposición tomada en la acordada de la Corte 7543, establece que después del vencimiento de ese año, el juez tendrá que elevar informes cada seis meses si la causa continúa instruyéndose sin que exista procesamiento o el archivo por falta de mérito para procesar.

FISCALES. La resolución provocó la molestia de algunos fiscales que consideran que les quita eficacia para perseguir los delitos complejos que son los que requieren más tiempo para ser investigados. Ante los cuestionamientos que llegaron, el tema fue tratado por la Asociación de Magistrados fiscales.

Aunque hubo muchas voces en contra, algunos fiscales comentaron que muchas veces ellos piden un procesamiento y los jueces se toman meses para resolverlo, por lo que estuvieron de acuerdo con la iniciativa.

Los fiscales ya habían opinado de esta propuesta el año pasado cuando el gobierno envió al Parlamento un proyecto que reemplaza al nuevo Código Penal que nunca entró en vigencia. Ese proyecto también establecía que los presumarios se resumieran a un año.

En esa oportunidad los fiscales consideraron "preocupante" que se limiten los presumarios a un año y que se le de al fiscal un plazo máximo de 15 días desde que se le remitieron los autos una vez instruido el presumario.

El proyecto transformaba seis juzgados penales en juzgados de plenario y en el interior se hace por alternancia correlativa a los turnos.

De acuerdo al proyecto, el Poder Judicial mantiene la titularidad de la investigación pero el fiscal puede proponer pruebas y la víctima tiene más facultades.

Ese proyecto fue redactado por el ex ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán.