INAU: otro caso de una funcionaria con menor

1/1

EDUARDO BARRENECHE

Un segundo caso de vinculación sentimental entre una educadora del INAU y un interno derivó en una investigación administrativa. Además, el Instituto sumarió a dos funcionarios por presuntas violaciones en un centro femenino.

En el correr del año pasado, una educadora de 37 años del Hogar Desafío se vinculó con un interno de 16 años proveniente de la ciudad de Río Branco.

Desde un primer momento, esa relación generó suspicacias dentro del hogar. Semanas después, el adolescente fue trasladado al Hogar Cimarrones.

La educadora solicitó a autoridades de Cimarrones poder visitar al adolescente. Durante una de las visitas, educadores de Cimarrones los vieron en actitud sospechosa e informaron de ello a autoridades del INAU. Poco después se inició una investigación administrativa, dijo a El País el gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), Rolando Arbesún.

Durante las indagatorias, la educadora reconoció que alojó al menor en su casa luego que este egresara del Hogar.

Según Arbesún, la investigación no pudo confirmar la existencia de un vínculo amoroso entre la funcionaria y el interno. Agregó que la educadora fue trasladada al Hogar Paso a Paso donde "trabaja en forma correcta. Se trata de una situación que se generó en la gestión anterior".

En tanto, fuentes del Hogar Paso a Paso dijeron a El País que la educadora inscribió al adolescente en el centro de Áreas Pedagógicas para que este estudiara un oficio.

A este caso se suma la situación generada en torno a una funcionaria del Hogar Sarandí embarazada de un menor fugado. Ambos fueron detenidos el viernes 8 durante un operativo del grupo policial Bus Seguro, en Malvín. El adolescente había sido internado en el INAU por rapiña.

El magistrado de turno resolvió dejar en libertad a la funcionaria y abrió un presumario. A nivel administrativo, la educadora deberá enfrentar una investigación. En tanto, el adolescente fue reintegrado a un hogar del organismo.

Por su parte, el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, dijo a El País que la funcionaria del Hogar Sarandí aún no le pidió al gremio que le brinde asesoramiento legal.

"Si se comprueba que encubrió a un menor prófugo, eso es un delito. Si presuntamente lo ayudó en la fuga, también es complicado. La funcionaria no ha venido al gremio", dijo.

López recordó que vinculaciones entre funcionarios y adolescentes "han ocurrido" tanto en hogares de amparo como de privación de libertad. "No es lo ideal ni lo conveniente", advirtió.

Tras destacar que este tipo de casos no suceden en forma continua en el organismo, López indicó que algunas de estas situaciones terminan en matrimonios y otras con funcionarios destituidos.

El gremialista explicó que estos enfrentaron cargos como violación y abuso de funciones aunque las relaciones fueron consensuadas.

ABUSO SEXUAL. Por otra parte, Arbesún expresó ayer que dos funcionarios del Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) enfrentan sumarios por presuntos abusos sexuales cometidos en ese establecimiento. Los funcionarios acusados fueron separados de sus cargos con goce de medio sueldo durante seis meses. "Sobre ese caso todavía no tengo definición de Jurídica del INAU", expresó Arbesún.

El 4 de octubre del año pasado, en una carta enviada al presidente José Mujica, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció que "varias" adolescentes infractoras fueron "víctimas de abusos sexuales" en el hogar de internación de Montevideo. El INAU indagó una situación irregular en el CIAF pero descartó que fueran violaciones.

La OMCT nuclea a 300 ONG defensoras de los derechos humanos de todo el mundo.

En la misiva, la institución internacional señaló que "varias adolescentes privadas de libertad" en el CIAF "fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales en múltiples ocasiones, en horas de la noche".

Además de la carta a Mujica, una copia fue enviada por la OMCT al vicepresidente Danilo Astori, al ministro del Interior Eduardo Bonomi, a la senadora del MPP Lucía Topolansky, al presidente del INAU Javier Salsamendi, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak.

Durante el fin de semana y ayer, la Brigada Antidrogas y funcionarios del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) realizaron requisas a familiares y a menores internados en la Colonia Berro.

El gerente de Semeji, Rolando Arbesún, indicó a El País que los procedimientos realizados el fin de semana derivaron en dos denuncias policiales porque se encontró marihuana en poder de familiares durante las visitas efectuadas los días sábado 9 y domingo 10. "El fin de semana detectamos cigarrillos de marihuana en poder de familiares", dijo.

En tanto, las inspecciones conjuntas entre la Policía y los funcionarios del INAU dentro de los hogares constataron pequeñas cantidades de pasta base en poder de los internos, agregó Arbesún.

El INAU tiene un protocolo de revisión a las visitas para impedir el ingreso de drogas.