Impuesto a la tierra y patente única cubrirán la agenda parlamentaria

Leyes. Se vuelven a postergar proyectos del gobierno y del Frente Amplio

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D. ISGLEAS / P. MELGAR

A dos meses de finalizar el período parlamentario, el segundo de la administración de José Mujica, la agenda del gobierno no avanza demasiado y resigna terreno ante lo coyuntural y el impulso presidencial.

Los temas centrales para el resto del año van a ser el ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales) y la ley de urgencia que el gobierno enviará al Parlamento a comienzos de octubre estableciendo la patente única, siendo desplazadas otras iniciativas que se esperaba poder llevar adelante.

El ICIR está radicado en la comisión de Hacienda de Diputados, que el miércoles 28 se reunirá para definir la agenda de convocatorias que hará. La primera de ellas, naturalmente, será al equipo económico. Y el proyecto de patente única, bajo el formado de ley de urgencia, probablemente será enviado al Senado en primer lugar y tendrá 45 días para ser tratado en cada Cámara.

El Senado tiene hasta el 8 de octubre para aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas y lo devolverá a Diputados para que acepte o rechace las modificaciones. Fuentes legislativas adelantaron a El País que los cambios serán aceptados sin mayores inconvenientes por lo cual el proyecto será rápidamente sancionado, dando paso al estudio de las otras iniciativas.

El gobierno vuelve así a ver postergada su agenda. En 2010, el año se consumió prácticamente en su totalidad con la ley de Presupuesto.

En marzo de este año, al comenzar el actual período legislativo, las prioridades del Frente Amplio -en tanto fuerza con mayoría absoluta en ambas Cámaras- eran cuatro: la interrupción voluntaria del embarazo, la interpretación de los efectos de la ley de Caducidad, la creación del Ministerio de Justicia y la ley de asociaciones público privadas. La Caducidad fracasó por falta de apoyo en el propio gobierno; la participación público-privada se aprobó pero aún no se aplica por faltar la reglamentación; y el aborto y el Ministerio de Justicia no llegaron a tratarse.

Como tampoco habrá tiempo, al parecer, para considerar dos iniciativas para despenalizar el consumo personal de marihuana, una de las cuales es del Frente Amplio.

También quedaría por el camino este año el proyecto que propone el matrimonio igualitario. Aún resta saber qué suerte correrán las modificaciones al IRPF y la rebaja del IVA en dos puntos porcentuales.

El Partido Nacional debe definir la posición en dos temas: el ICIR y ley de patente única. Para eso, debe reunirse primero la Agrupación Parlamentaria, tal como anunció en su momento el presidente del órgano, Jorge Larrañaga.

Pero por el momento no hay convocatoria. Larrañaga dijo a El País que primero "es el Frente Amplio quien debe definir su posición, que no está clara, antes de que nosotros fijemos la nuestra".

Temas como la Rendición de Cuentas, la situación en el Mercosur y lo ocurrido con los marinos en Haití han desviado el centro de la atención parlamentaria.

Otro asunto que cayó en el olvido es la convocatoria que Larrañaga se proponía hacer a las autoridades de la ANEP y al ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, para en régimen de comisión general en el Senado se analice la situación de la enseñanza. Larrañaga había dicho que haría contactos con todos los partidos antes de pedir la convocatoria.

El senador colorado José Amorín dijo a El País que la prioridad de la bancada de Propuesta Batllista (Proba) serán los temas educativos, en particular la creación de la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet). La iniciativa se encuentra a estudio de la comisión de Educación del Senado y está trancada por "la Universidad de la República que solo acepta que se controle a las privadas", afirmó Amorín.

El senador Pedro Bordaberry anunció que impulsará el año entrante un plebiscito sobre asuntos educativos.

Citarán al Codicen y a la DGI

Luego que se apruebe la Rendición de Cuentas la oposición citará a distintas comisiones del Senado a las autoridades de la DGI y de la ANEP. El senador colorado José Amorín confirmó a El País que llamarán al director de Rentas, Pablo Ferreri, para que explique las razones por las que se les pedirá a los colegios datos de los padres de los alumnos. Los blancos llamarán al Codicen para analizar la crisis de la educación pública.

Agenda de temas polémicos

En Diputados se comenzará a analizar el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que permitiría conseguir -vía fideicomiso- US$ 400 millones para mejorar la infraestructura de la red vial secundaria. El ICIR impondrá un pago de US$ 8 por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas (Coneat 100), US$ 12 por hectárea a las extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas (Coneat 100) y US$ 16 a las extensiones superiores a las 10.000 hectáreas (Coneat 100).

El Parlamento espera que la próxima semana el Poder Ejecutivo le envíe un proyecto de ley de urgencia consagrando un acuerdo político con los intendentes para establecer la patente única de rodados en todo el país.

La discusión sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo deberá esperar hasta 2012, pese a las intenciones de instalar el tema en el debate parlamentario con iniciativas de los frenteamplistas Mónica Xavier y Álvaro Vega.

El año entrante el Frente Amplio se propone insistir con el intento de anular los efectos de la ley de Caducidad. La nueva perspectiva será la de impulsar una ley para dejar sin efecto el plazo de prescripción de los delitos amparados por aquella norma de 1986.

Otro tema polémico que deberá esperar para ser considerado hasta 2012 es el relativo a la marihuana. Ya está presentado en Diputados un proyecto de ley para regular el cultivo de marihuana, una iniciativa que permite la cosecha y tenencia para uso personal.

El Frente Amplio también impulsa un proyecto de ley por el que, de aprobarse, en Uruguay quedará habilitado por ley el matrimonio "universal" sin importar el sexo de las personas que lo contraigan. El proyecto busca modificar los artículos del Código Civil que mencionan las palabras "marido" y "mujer" para cambiarlos por "cónyuges, pareja conyugal o esposos".

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