La Justicia Laboral confirmó en segunda instancia un fallo que había condenado a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) a indemnizar con $ 651.000 por "despido abusivo" a una escribana que se desempeñaba en la asesoría letrada del organismo y que fue cesada en junio de 2006, por orden del entonces director, Álvaro Pérez Monza.
La funcionaria, que había ingresado al IMPO en abril de 1989, demandó a la dependencia oficial a raíz de su destitución. En febrero de 2009 logró un fallo favorable en el Juzgado de Trabajo de 8° Turno, el cual fue confirmado la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2° Turno.
La resolución de la sala sostiene que, a diferencia de lo que argumentó el IMPO para despedirla, la escribana no era una funcionaria de confianza del ex director Carlos Sánchez Bargas -procesado en noviembre de 2004 por diversos hechos de corrupción registrados bajo su gestión- sino que ejercía su función de escribana en la asesoría letrada.
El fallo cuestiona que en el IMPO "no hubo reestructura administrativa alguna" sino que "existieron despidos y ceses dispuestos por el entonces director (Pérez Monza), que para nada siguió los procedimientos legales y administrativos para la resolución que sin fundamento dispuso".
Según la sentencia, a la que tuvo acceso El País, el despido de la escribana resuelto por el ex director del IMPO fue motivado por "razones espurias" porque la resolución "no está fundada en actos ilícitos de la trabajadora".
La resolución del Tribunal señala que en función de la prueba recabada en el juicio "no había mérito" para el despido de la escribana. Agrega que con esa decisión se la involucró en las irregularidades por las cuales fue procesado Sánchez Bargas, sin que existieran pruebas que permitieran vincularla con esos hechos delictivos.