Hoy presentan firmas contra las torres

La comisión de vecinos que se opone a los denominados "grandes proyectos" de Punta del Este estima que hoy presentará en el Parlamento las más de 2.000 firmas recolectadas en las últimas dos semanas. Así pretenden impugnar las 12 resoluciones que aprobó el intendente Enrique Antía, que declaran como "viable" la construcción de los citados complejos al amparo de una normativa especial del Decreto 3.786. La propuesta de los vecinos se suma a la impugnación que once ediles fernandinos presentaron la semana pasada y que dejó automáticamente suspendidas las resoluciones hasta que el Poder Legislativo se pronuncie.

José Luis Sciandro, asesor legal del movimiento, indicó que las firmas fueron recolectadas entre vecinos de todo el departamento y que en la presente jornada serán presentadas en la secretaría de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Como se sabe, la comuna fernandina renovó el Decreto 3.786 para estimular las inversiones en el departamento después de la crisis; en el capítulo III permite excepciones a las obras que no se ajustan a las normas de ordenamiento territorial vigente.

"Se implementó para generar divisas y aumentar la mano de obra y superar la recesión de inversiones para salir de la crisis", explicó José Luis Real, secretario de la Intendencia Municipal de Maldonado. Por esta vía, en diciembre de 2004 la Junta de Maldonado aprobó 12 de los 16 proyectos presentados sólo en ese mes.

PROYECTOS. Se estima que las inversiones por los 12 proyectos considerados "viables" superan los 150 millones de dólares.

Con las observaciones correspondientes, el municipio declaró viable la construcción de tres torres de 24 pisos. Una corresponde a un proyecto del arquitecto Carlos Ott, en la esquina de las calles Biarritz y Miami, en la parada 4, frente al Hotel Conrad; son 150 apartamentos de lujo sobre una superficie de 20.750 metros cuadrados. Otra torre "viable" en la parada 18 de la playa mansa, en una superficie de 35.000 metros cuadrados; el proyecto fue formulado por Invergroup S.A. En tanto, un proyecto por cuenta y orden de inversores extranjeros fue autorizado para erigir una torre similar en el fraccionamiento Lobos, en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y la avenida Roosevelt.

Pero hay más. En Manantiales, en el complejo Laguna Blanca, se autorizó la edificación de tres plantas a cargo de la firma Americampo S.A., sobre 6.300 metros cuadrados. Tiene una altura de 9 metros, una planta baja y dos pisos.

Además, en donde antiguamente estaba el legendario restaurante Mariskonea, también se declaró viable la construcción de un edificio de cuatro niveles sobre 7.000 metros cuadrados de espacio. También en La Barra se proyectó otro proyecto: planta baja y cuatro pisos, con una extensa zona comercial, ubicada a orillas del arroyo Maldonado.

En la parada 19, sobre avenida Camacho, se consultó por un hotel de poca altura sobre 3.000 metros cuadrados. También fue declarado viable. Lo mismo en la parada 39 de la playa mansa, al margen de la laguna del Diario, para un complejo de seis pisos a cargo de Estudio 5.

En la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la altura de la parada 20, se consultó por la construcción de un hotel. Sobre la avenida Roosevelt esquina Zorrilla de San Martín, también se proyectó un block de planta baja y cinco pisos de alto. Finalmente, en la parada 28 y la parada 29 de la rambla Brava, hay dos proyectos edilicios que también fueron declarados viables.

José Luis Real precisó que la comuna declaró viables los proyectos, pero no autorizó su construcción. "Las consultas de viabilidad no otorgan permisos de construcción", dijo. "Para eso hay que hacer otros trámites, no consultas".

El jerarca no supo explicar "el boom constructivo" por el que se presentaron tantos proyectos juntos en diciembre. "Desconozco el hecho que generó el rumor de que el decreto perdía vigencia. Si no, el proceso era mucho más lento", dijo.

VERDE POR CEMENTO. En una carta los vecinos dijeron que "la aprobación de excepciones fuera de la ordenanza, transformando barrios jardín en zonas de alta densidad de población con enormes edificios en altura, es una evidente afectación a nuestros derechos adquiridos; ello configura un perjuicio económico ya que nuestra propiedad vale menos, y nuestra posibilidad de disfrute personal del medio se menoscaba, ya que, a cambio de ver árboles y gramilla verde, vemos cemento y ropas tendidas".

"Estamos en una situación al límite para un balneario", opinó una urbanista — que no quiso decir su nombre — del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Explicó que los grandes proyectos promueven un aumento en la densidad de población, que pueden afectar la "calidad ambiental" en la zona. "Parecería que no es conveniente cambiar el ambiente del balneario convirtiéndola en una ciudad, por el tráfico y la contaminación sonora que genera".

Sin embargo, aclaró que hay sectores de Punta del Este que sí admiten los grandes edificios. Como "buenos ejemplos" indicó los alrededores del Hotel Conrad o la avenida Roosevelt. "No significan un cambio en el carácter de la zona ni provocarían impactos fuertes en cuanto a la calidad ambiental".

Lo más preocupante para la urbanista son "los cambios de carácter paisajístico". El mejor ejemplo, según ella, es en La Barra: un espacio que si bien tiene mucho movimiento de personas, sobre todo en horas de la noche y en temporada, carece de grandes construcciones. "Parece muy difícil decir que puede ser conveniente introducir grandes densidades de población".

"En zonas donde todavía se mantiene un carácter de baja densidad, mayor predominio de los jardines, de la vegetación, aumentar la densidad de población rompe un equilibrio por el cual se pueden perder las cualidades naturales como valor principal. Y pasa a ser un valor más importante el de la ciudad", indicó.

Al mismo tiempo, aclaró que si los proyectos respetan la estética de la zona también pueden ser tolerables. "Hay que hacer un estudio de cada lugar. Quizás se están haciendo excepciones con demasiada rapidez para atraer inversiones. Después nos podríamos llegar a arrepentir", concluyó.

Para una urbanista de la Facultad de Arquitectura, — que prefirió no identificarse— el fenómeno constructivo de Punta del Este puede compararse con el sucedido en la costa de oro de España. "Fue un proceso donde no sólo hubo arrepentimiento sino que también hubo demoliciones", contó.

Según explicó, las edificaciones aumentaron sobre la costa y la densidad de población también. "Había crecido tanto la zona, en población y construcción, que no permitía disfrutar del paisaje". Por una resolución local, varios edificios fueron demolidos.

La urbanista consideró que detener el proceso constructivo en Punta del Este, sobre todo en las zonas carentes de "grandes proyectos", sería lo más aconsejable.

Por su parte, si bien por ahora la construcción de los proyectos están suspendidas tras la impugnación de los once ediles, José Luis Real reconoció que es "momento de ir apagando las luces" del decreto 3.786.

"Ahora la coyuntura que provocó esto está modificada; las condiciones del departamento son otras", dijo.

Un grupo de inversores que están al frente de varios de los polémicos proyectos se reunieron anoche con ediles del oficialismo, preocupados por el futuro de sus obras. El encuentro se realizó en las instalaciones del hotel Best Western de Punta del Este, donde plantearon sus inquietudes al respecto.

Los ediles que concurrieron al encuentro fueron los curules Rodrigo Blas y Javier Alvarez, entre otros.

También trascendió que un grupo de inversores españoles responsable de la construcción de la torre de 24 pisos, prevista para el fraccionamiento Lobos, pedirá ser recibido por el presidente electo Tabaré Vázquez y por el futuro ministro de Economía, Danilo Astori.

En tanto, se espera que en los próximos días la comisión respectiva eleve a consideración del plenario de la Junta Departamental de Maldonado el pedido de autorización para la construcción de otros cinco nuevos complejos, tres de ellos torres de 23 pisos.

El proyecto en Solanas prevé la construcción de 14 edificios de 2, 3 y 4 plantas como máximo por el sistema de propiedad horizontal, desarrollados equilibradamente en 16 hectáreas y armonizando con el entorno.

En noviembre de 2003, la comuna fernandina renovó el decreto 3.786 para estimular inversiones en el departamento.

El decreto incluye el estudio de proyectos especiales que no se ajustan a la normativas de ordenamiento territorial vigentes.

En diciembre de 2004 se hicieron 16 consultas de viabilidad para la construcción de "grandes proyectos"; se consideraron 12.

Distintas organizaciones y grupos vecinales se manifestaron contrarios a la construcción de los edificios. Consideraron que las obras son un "atentado a las características urbanas de Punta del Este".

Amparados por el artículo 303 de la Constitución, los vecinos decidieron juntar firmas para presentar un recurso ante la Cámara de Representantes, y anular las resoluciones municipales de viabilidad de obras.

El intendente Enrique Antía se reunió con los vecinos y explicó cada una de las resoluciones municipales. Los vecinos comprendieron algunas de ellas. Antía se comprometió a contratar un urbanista para analizar el impacto ambiental de las obras.

Once ediles de la Junta Departamental impugnan las resoluciones municipales sobre la viabilidad de las obras; automáticamente quedan suspendidas. Los legisladores tienen la última palabra.

Los vecinos superan las 1.000 firmas que necesitaban para presentar el recurso ante la Cámara de Representantes. Hoy serán recibidos.